Por Eduardo Paneque, en El Comercio
Las comunidades limítrofes avanzan en sus planes para captar las ayudas mientras en Asturias aún no ha cristalizado ninguno
¿El Principado va tarde o en tiempo para beneficiarse de las ayudas europeas? Como diría aquel, depende del ojo con el que se mire. La única certeza es que el Ejecutivo central debe remitir antes del 30 de abril el conjunto de proyectos de inversión y reformas estructurales a las que se destinarán los 140.000 millones del fondo de recuperación -conocido como Next Generation EU-. Una primera partida ya está contemplada en el proyecto de presupuestos para 2021. En concreto, de aprobarse, se han establecido casi 28.000 millones en transferencias, previstas a través de los nuevos instrumentos de financiación de la UE.
Pero, volviendo a la pregunta inicial, las comunidades autónomas han diseñado diferentes hojas de ruta para llegar a la meta. Solo el tiempo demostrará cuáles fueron más acertadas. Unas han decidido tomar la delantera y lanzar ya sus proyectos, con mayor o menor nivel de concreción. En este grupo estarían, entre otras, Galicia, Cantabria y País Vasco. Solo estas tres, a tenor de lo anunciado por sus gobiernos, ya suman 24.173 millones. País Vasco es la más ambiciosa, más de medio centenar de proyectos que supondrían una inversión de casi 12.000 millones; Cantabria enumera 103 proyectos que suman 2.673 millones, y Galicia, 108 proyectos por un importe de 9.500 millones.
En otro grupo están aquellas comunidades que, hasta la fecha, trabajan sobre un documento genérico. Aquí estaría nuestra vecina Castilla y León que presentó a principios de octubre un texto con 71 iniciativas estratégicas, agrupadas en diez ejes, para su financiación a través de los fondos europeos.
¿Dónde se ubica el Principado en toda esta ‘pelea’ abierta por el dinero? Por un lado, lo más reciente son las declaraciones del vicepresidente del Ejecutivo, Juan Cofiño, del pasado jueves en las que aseguraba que «es muy prematuro para hablar de proyectos concretos, que obviamente los hay, pero se están pergeñando». De hecho, las diferentes consejerías -principalmente las de Industria y Ciencia- han ido avanzado durante este año los planes sobre los que estaban trabajando. No necesariamente con la vista puesta en el dinero del Next Generation EU, sino también para canalizarlos a través de las otras muchas convocatorias en marcha, sean nacionales o europeas.
Mapa de estrategias
El jefe de la dirección adjunta de la Política Regional de la Comisión Europea para España y Portugal, Vicente Rodríguez-Sáez, urgió el 10 de septiembre, durante unas jornadas organizadas por EL COMERCIO y Fade, a que se trabajase con un «horizonte temporal de tres o cuatro meses para tener los proyectos preparados». No obstante, el Ejecutivo asturiano decidió mantener su idea que pasa, prioritariamente, por la aprobación del ‘Mapa de estrategias’. El jueves fue presentada durante la constitución del comité asesor de fondos europeos y ahora se han dado quince días más para que los participantes presenten sus modificaciones o añadidos al texto. Esta «nueva arquitectura institucional para captar fondos europeos», como la definió el Gobierno regional, se completa con la Oficina de Proyectos Europeos. Aunque su apertura se anunció para principios de noviembre, sigue sin estar operativa. Según explican fuentes del Ejecutivo, «se estaba pendiente de la constitución del comité asesor y de ultimar detalles, así que pronto estará en funcionamiento».
En resumidas cuentas, el Principado aún está engrasando la maquinaria y, aunque se avance en paralelo con proyectos, difícilmente, dados los plazos establecidos, estos podrían ser anunciados antes de que finalice el año.
Tampoco tenerlos sobre la mesa es garantía de éxito. «Me gustaría que salieran todos pero somos conscientes de que probablemente no será así», reconocía el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante la presentación el 22 de octubre de ‘Cantabria reActiva’, la denominación bajo la que han lanzado sus 102 proyectos y que, entre otros, incluyen la creación del centro logístico de La Pasiega, la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac) o los planes contra la despoblación.
En el caso de la Xunta, era el director general del Instituto Gallego de Promoción Económica, quien lo detalló esta semana en EL COMERCIO: cuentan con 108 proyectos, que movilizarán en torno a 9.500 millones. En su caso, no dan nombres de empresas, por cláusulas de confidencialidad, pero sí propuso que «si nuestros proyectos son replicables en otros lugares, y pueden formar parte de una colaboración con otros territorios, por ejemplo Asturias, estamos abiertos a ello, dado que tenemos retos comunes».
En el caso del País Vasco, su consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, aseguró hace un mes que estamos ante un «reto complejo y con pocas certezas» pero que «no impide al Gobierno vasco avanzar sin pausa». Allí sí han puesto nombre y apellidos a algunas de las iniciativas con las que aspiran a lograr financiación de los fondos europeos. Por ejemplo, el corredor del hidrógeno-polo de descarbonización, que impulsa Petronor y que movilizaría 400 de los 11.600 millones que contemplan para el medio centenar de proyectos totales.
Fecha límite: 30 de abril
Con mayor o menor precisión, aún quedan muchos aspectos por despejar. Lo único que está fijado es la fecha del 30 de abril como tope para que España remita a la Comisión Europea su plan definitivo. Es decir, qué proyectos o qué partidas. Pero el Ejecutivo central también está en la casilla anterior. De hecho, todavía esta semana anunciaba su intención de aprobar durante el mes de diciembre un real decreto para ordenar y agilizar la gestión de los fondos europeos. Este incluirá la creación de un nuevo mecanismo de colaboración público-privada, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE). Según el borrador se exigirá la cooperación entre administraciones, empresas y centros de investigación y se creará un registro estatal de las entidades interesadas en participar en estos proyectos estratégicos que dependerá del Ministerio de Industria.
Dinero para ejecutar hasta 2023, con la posibilidad de extenderse hasta 2026:
El fondo de recuperación -conocido como Next Generation EU- está presupuestado en 750.000 millones de euros, de los que a España llegarían 140.000 millones. De este fondo, su grueso, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se asigna en dos tramos; en el primero, España obtendría 60.000 millones en transferencias no reembolsables; además, recibirá 12.000 millones del React-EU, la otra pata del nuevo fondo, y cuya ejecución deberá acometerse obligatoriamente en los próximos dos años. El dinero restante, hasta los 140.000 millones, se comprometerá a finales de 2023 y su ejecución podrá extenderse hasta 2026.
Castilla y León trabaja sobre 71 iniciativas estratégicas para captar ayudas comunitarias
Si hubiera que situar a Castilla y León en esta carrera por los fondos europeos, estaría a medio camino entre las comunidades que ya han puesto nombre y apellidos a sus proyectos, como Cantabria y el País Vasco, y las que, como Asturias, están rematando su ‘Mapa de estrategias’. La región vecina presentó a principios de octubre un documento que recoge las 71 iniciativas calificadas como «estratégicas».
Todas ellas se estructuran en diez componentes. Los hay de todo tipo: desde los orientados a invertir en empleo y talento para una economía digital, los que apuestan por la inversión en los sistemas de innovación digital, la ciberseguridad, la economía circular y la eficiencia energética, o los que priorizan un desarrollo de infraestructuras que sean armoniosas con el territorio. En el capítulo específico dedicado a la transformación económica, Castilla y León recoge catorce iniciativas que incluyen la internacionalización, la innovación o la modernización de las finanzas públicas, entre otras.
En el documento también se apuesta por el fomento de las tecnologías limpias que aceleren el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente.
Asturias priorizará los proyectos ‘verdes’, de salud y cohesión territorial
El ‘Mapa de estrategias’ del Ejecutivo regional contempla medio centenar de planes y programas que implican a todas las consejerías
Todo lo que tenga que ver con fondos europeos, a corto plazo con los procedentes del Next Generation EU, pero también los estructurales que se desprenden del marco financiero plurianual 2021-2027, tendrá que tener su encaje en el ‘Mapa de estrategias’ cuya elaboración lidera el consejero de Ciencia. Este documento, pendiente de su aprobación definitiva por el comité asesor de fondos en las próximas semanas, fija tres grandes sectores hacia donde redirigir el modelo productivo del Principado: la economía verde y sostenibilidad, la salud y longevidad, y la cohesión territorial y conectividad. Es decir, los proyectos que se presenten, deberán buscar su encaje en alguno de estos grandes vectores.
Para la preparación de este mapa cada una de las consejerías remitió durante la segunda quincena de septiembre, un documento donde identificaban las principales líneas de sus departamentos. Así, por ejemplo, la Consejería de Salud identificó algunas como la elaboración de un Plan Sociosanitario 2021-2022, uno de salud mental o uno de control
de la cadena alimentaria.
Como parece lógico, la transición energética ocupa un lugar destacado en este plan del Ejecutivo regional para la Asturias del 2030. Por un lado, recalca su apuesta por las economías del agua, el hidrógeno o todo lo relacionado con la cadena de valor en torno a los residuos. De hecho, en ese mismo documento, el Principado se insta a rentabilizar y promover una energía renovable donde la energía eólica, eólica marina; el agua y el hidrógeno; la geotermia y el biogás, tengan un papel . En el capítulo destinado a la economía circular se marca, por ejemplo, la intención de reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.
Otra de las apuestas es la digitalización. Y ahí, se refiere a una de las puertas que se han abierto con la pandemia: el fomento del teletrabajo y la recuperación de talento hacia la región. En este sentido, además del plan para llevarla fibra óptica al 97%dela población, el Ejecutivo aspira a posicionarse como líder nacional en el despliegue de la 5G.
El ‘Mapa de estrategias’ dedica un capítulo específico al Mecanismo de Transición Justa, y ala necesidad de realizar inversiones productivas en pymes, incluidas empresas emergentes, queden lugar a una diversificación económica y a una reconversión o una mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores. De hecho, la aportación de este Mecanismo de Transición Justa, ha sido una delas peleas del Gobierno asturiano en los tiempos anteriores a la pandemia. Una cantidad considerada exigua en sus inicios que, tras la crisis de la covid-19 ha visto como crecía exponencialmente en presupuesto. A día de hoy, la intención de la Unión Europea es destinar 17.000 millones al fondo de transición justa, 12.000 para ayudas a la Administración y 40.000 a inversiones empresariales. El eurodiputado Jonás Fernández insistió, durante su participación en un foro organizado por UGT el viernes, que «Asturias tiene una responsabilidad especial en este mecanismo porque se dirige específicamente a regiones que se enfrentan a los retos derivados de la transición».