Queremos dejar clara nuestra posición respecto a la negativa del Ayuntamiento de Avilés a acudir a la Junta General del Principado para ofrecer explicaciones sobre el informe de fiscalización emitido por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, relativo al ejercicio 2022. Y es que la huida hacia delante de la Alcaldesa Monteserían, es sin duda una huida de todo el Ayuntamiento, ya que al fin y al cabo es a quien representa.
Queremos dejar claro que la autonomía local es un principio constitucional esencial, pero no es sinónimo de inmunidad frente al control institucional.
Autonomía no significa superioridad.
Nuestra Constitución reconoce en su artículo 137 la autonomía de municipios y provincias para la gestión de sus respectivos intereses. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha sido inequívoco desde su STC 4/1981:
La autonomía no es preponderancia; es un poder limitado e integrado en el principio de unidad del Estado.
Esto significa que la autonomía local garantiza capacidad de decisión en el ámbito competencial propio, pero no excluye controles de legalidad ni de fiscalización financiera.
Lo que aquí se plantea no es una tutela jerárquica ni una sustitución competencial. La Sindicatura no dicta órdenes al Ayuntamiento, no anula acuerdos municipales, no sustituye órganos de gobierno local. Su función es técnica y externa: verificar la adecuación financiera y el cumplimiento normativo en el uso de fondos públicos. Y conviene recordar que esos fondos no son patrimonio político de ningún gobierno local; son recursos públicos sujetos a responsabilidad y transparencia.
La Alcaldesa sostiene que acudir a la Junta General para explicar un informe supondría una renuncia expresa a la autonomía local. Esta afirmación no se sostiene política, ética y sobre todo jurídicamente.
La autonomía local, desarrollada en la Ley 7/1985, se concreta en potestades como: auto organización, potestad reglamentaria, potestad tributaria y potestad sancionadora. Ninguna de estas potestades se ve afectada por una comparecencia informativa.
Dar explicaciones no es ceder competencias. Rendir cuentas no es someterse jerárquicamente. Transparencia no es pérdida de autonomía. La autonomía implica responsabilidad. La responsabilidad implica rendición de cuentas. En un Estado compuesto como el nuestro, la relación entre instituciones no puede basarse en compartimentos estancos, sino en cooperación y control recíproco dentro del marco constitucional.
Negarse a comparecer puede ser una decisión política, pero no puede justificarse jurídicamente como defensa de la autonomía cuando lo que se solicita es una explicación sobre la gestión de fondos públicos.
La doctrina constitucional ha señalado que la garantía institucional protege el núcleo esencial de la autonomía. Ese núcleo se vería lesionado si: se sustituyeran órganos municipales, se impusieran decisiones discrecionales, se vaciarán competencias propias. Nada de eso ocurre en una comparecencia parlamentaria informativa. Solo se solicita acudir a decir la verdad y a explicar determinadas situaciones y contextos. Lo que sí podría erosionar la confianza institucional es confundir autonomía con ausencia de control.
Como conclusión, podríamos decir que defender la autonomía local es defender la capacidad de decisión de los municipios en sus competencias propias. No es defender la opacidad. No es negar la fiscalización. No es eludir explicaciones.
La autonomía local fortalece el Estado cuando se ejerce con responsabilidad. Y la transparencia fortalece la autonomía cuando demuestra que la gestión pública se somete al escrutinio democrático.
Por ello, entendemos que la comparecencia solicitada no supone renuncia alguna a la autonomía local, sino una expresión normal de responsabilidad institucional en un Estado de Derecho. Es más desde FORO Avilés lo consideramos una conducta normal que cualquier cargo público debería tener a bien, y no verlo como una anormalidad, salvo que se tenga miedo o se quiera ocultar algo.
