El 8 de marzo no puede ser una fecha para lanzar consignas vacías ni un espacio de confrontación partidista. Es responsabilidad de todos que sea, ante todo, una jornada de reflexión y de compromiso firme con la igualdad real entre mujeres y hombres.
Aún tenemos desafíos por delante. Persisten la brecha laboral y salarial, las dificultades de conciliación, la penalización de la maternidad, la menor presencia femenina en sectores estratégicos y puestos de responsabilidad, o la especial vulnerabilidad de muchas mujeres en el medio rural. A ello se suman prácticas sociales que limitan oportunidades y debilitan la protección efectiva de mujeres y niñas. Afrontar estos retos exige voluntad política, pero también de amplios consensos alejados del ruido ideológico.
Desgraciadamente, no podemos obviar la manifestación más cruel de la desigualdad: la violencia machista. Erradicarla debe ser un objetivo compartido sin fisuras. Para ello es imprescindible destinar los recursos necesarios, mejorar la coordinación institucional y reforzar los mecanismos de prevención, protección y atención a las víctimas.
La igualdad no se alcanza con eslóganes, sino con políticas concretas y evaluables. Políticas que garanticen la no discriminación, impulsen la conciliación corresponsable, favorezcan el liderazgo femenino en ámbitos estratégicos, apoyen el emprendimiento y el empleo de calidad y promuevan la educación en igualdad desde edades tempranas.
Hablar de igualdad es hablar de justicia, pero también de progreso. Una sociedad que desaprovecha el talento de la mitad de su población está renunciando a crecimiento, innovación y cohesión social.
Este 8 de marzo debe servir para renovar nuestro compromiso con avances reales en todos los ámbitos —laboral, económico, social y cultural— recordando que la igualdad no se proclama: se construye con responsabilidad y diálogo.