Por José Manuel Balbuena, en El Comercio
Hace poco nuestro presidente, Adrián Barbón, se hacía la siguiente pregunta en su red social favorita: «¿Conocéis a muchas personas que hereden 800.000 euros?» Esto venía a cuento por una simulación realizada por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, donde señalaba las diferencias existentes entre las autonomías a la hora de cobrar el impuesto de sucesiones. Así, mientras un heredero de Galicia y Cantabria no tiene que pagar nada, el asturiano desembolsaría la nada desdeñable cantidad de 103.135,48 euros. Primera conclusión: morirse en Asturias resulta muy caro, mientras que en el resto del norte (y España) no. A eso, al abono de cero euros, se unirán también en Castilla y León, puesto que el próximo día 28 de abril aprobarán en las Cortes la eliminación del impuesto. Segunda conclusión: seremos una isla fiscal (o infierno, como se quiera ver) para quienes transmitan su patrimonio después de fallecer. De hecho, no es casualidad que durante el año pasado cerca de 2.000 asturianos renunciasen a su herencia. Cifra muy similar a la que se dio en 2019 y que parece una constante. En muchos casos, la presión fiscal ejercida es tal que no se puede afrontar. Máxime, si lo que recibe no es dinero, sino inmuebles que necesita vender.
Pues bien, la respuesta a la pregunta de Barbón vino a los pocos días. Publicada la declaración de bienes del Gobierno de Pedro Sánchez, dudo mucho que vengan a pasar sus últimos días a nuestro paraíso natural. Quizá de vacaciones, sí, pero nada más. El ministro de Universidades, Manuel Castells, declaró un patrimonio de 3,94 millones de euros. No le iban a la zaga otros compañeros como José Luis Escrivá, Isabel Celaá o Pedro Duque, mientras que Pablo Iglesias va por el camino. Tercera conclusión: estimado presidente, como puede ver, quienes pueden dejar un patrimonio suculento no están tan lejos. De momento, el Principado no quiere cambiar y mantendrá Sucesiones como está. Es decir, siendo el más gravoso del Estado. Luego que no se quejen si hay deslocalizaciones fiscales. O sea, que un asturiano medio –no hablamos de las grandes fortunas, ya que esas ni radican en España– acabe residiendo en otra comunidad. Tampoco, cuando vea como esos 75,65 millones de recaudación estimados en el presupuesto de 2021, no se cumplen. En resumen, si no se reforma y baja hasta límites razonables, acabará menguando a marchas forzadas.
