Por Carlos Madera González, ex Director General de Cultura, en LNE
En LA NUEVA ESPAÑA del pasado sábado se pudo leer una nota de casi un centenar de catedráticos y profesores universitarios, directores de centros de investigación, y otros estudiosos y expertos en la gestión patrimonial, en la que piden a la Consejería de Cultura las máximas cautelas en la restauración y consolidación de estructuras en el Chao Samartín y el cumplimiento de las recomendaciones de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Lugares) en el sentido de que es imprescindible un Informe de Impacto Ambiental y un Informe de Afección Patrimonial.
Se trata de profesionales de importante prestigio académico nacional e internacional a los que es conveniente hacer caso. No son tonterías de cuatro amigos indocumentados, ni técnicas obstruccionistas de partidos políticos de la oposición. Esta interpelación al Gobierno Regional acerca de la eficacia en la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural que éste administra entre sus competencias casi en exclusiva es algo muy serio, comparable a un aviso de la autoridad europea en materia sanitaria o medioambiental. Se trata de palabras mayores que no se deben echar en saco roto. Por lo que yo conozco en mis casi cuarenta años de servicio como funcionario de carrera no ha sido el criterio de los Gobiernos del Principado de Asturias de adscripción socialista el hacer caso omiso de las opiniones de los investigadores y los expertos.
En la vida, como en el fútbol, y sobre todo en política la pausa es fundamental en muchas ocasiones porque permite aislarse del ruido ambiental y corregir posiciones. En estos últimos 10 años desde Grandas de Salime se han proporcionado muchas páginas de actualidad en las páginas culturales de los diarios asturianos y muchos minutos de radio y televisión. El camino iniciado con el apartamiento del malogrado José Naveiras del Museo Etnográfico es un camino hacia ninguna parte. Las discrepancias no solo son legítimas en una sociedad democrática, sino deseables, y esa decisión injusta constituyó un grave error político que ha producido una importante división en la sociedad grandalesa –que se ha ido queriendo solucionar en una huida hacia delante cada vez más peligrosa– y una fuente de tensión en el PSOE asturiano y en el Gobierno autonómico.
Recordemos a la Guardia Civil escoltando a un arqueólogo de la Consejería de Cultura para que se le permitiera el acceso a un equipamiento financiado y construido por el Principado a quien el Alcalde había vetado. No me imagino a un cirujano al que se le impida la entrada en su hospital comarcal o al director de un IES que deba ir acompañado de la fuerza pública para poder entrar en su centro.
Recordemos a los tribunales de justicia anulando una plaza de director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime por causas mayores, y amparando el honor de un diligente y leal arqueólogo como Ángel Villa Valdés que ha dedicado su vida profesional al estudio de la cultura castreña de la que es una figura referente a nivel nacional y europeo, que se ha visto perseguido y vilipendiado por cumplir con su deber con la Consejería de Cultura.
Recordemos los notorios desencuentros entre la consejera Ana González y el alcalde Eustaquio Revilla en un pulso que acabó ganando el poder local por abandono del siguiente equipo de la Consejería dirigida por el señor Genaro Alonso.
Aunque es muy difícil, casi imposible, volver a introducir la pasta dentífrica en el envase una vez que ha salido, aún se está a tiempo de corregir posición por parte del Gobierno y del grupo parlamentario socialista en el sentido de reafirmar la autoridad de la Consejería de Cultura en materia de patrimonio cultural siguiendo las recomendaciones de los expertos y escuchar a los que como Ángel Villa conocen del tema porque llevan toda su vida estudiándolo.