Por Inaciu Iglesias, en El Comercio
Debemos entender que lo único importante –lo único imponible– es la renta. Es decir, cuánto se gana. De hacerlo, dejaríamos de ser el último sistema fiscal europeo que grava el patrimonio
¿Saben por qué los propietarios de los negocios no tienen derecho a paro?
Eso de los políticos de que ellos no pintan nada y los poderosos son los otros, ya no cuela
Admitámoslo. Así es como vemos a los propietarios: gente con dinero, poder y pocos escrúpulos. Por eso nos cuesta tanto solidarizarnos con ellos –cuando, por ejemplo, les cierran los negocios– y por eso les negamos sus derechos laborales, los freímos a impuestos y los vigilamos como si fuesen delincuentes. ¿Creen que exagero? Pues pasen y vean.
¿Son ricos los empresarios? ¿Todos ellos? Hablemos de números: ¿Cuántos ricos dirían que hay en nuestro pequeño y verde país? Según Hacienda, 3.500; que son los que pagan el impuesto de patrimonio. Bueno pues, si tenemos 60.000 empresarios cotizantes, contando autónomos, micro-pymes y demás… ¿Qué hacemos con el resto? ¿Con los restantes 56.500 que –insisto, según el fiscoH no llegan a ricos? ¿Los tratamos igual? ¿O abrimos ya los ojos y nos libramos de tanto prejuicio?
Segunda tontería: los propietarios son los que, de verdad, mandan; los que tienen la sartén por el mango, los poderosos. En fin. Si esto no fuera trágico a mí me daría la risa: en una comunidad gobernada desde hace cuarenta años por la izquierda –y con el peso de los sindicatos– pretender que aquí mandan los propietarios me parece, como poco, ridículo. Que se lo digan, si no, a los hosteleros. O, mejor aún, a los ejecutivos y consejeros de las grandes compañías, esos empleados por cuenta ajena que, aprovechándose precisamente de las ventajas de un sistema laboral pensado para defender a los pobres trabajadores, consiguieron sus ‘tarjetas black’, sus contratos blindados y sus prejubilaciones doradas. Estafando a los propietarios. A usted y a mí. Piénsenlo y superen también ese prejuicio.
Y atrévanse con el tercero: lo de ser tramposos. ¿Saben por qué los propietarios de los negocios no tienen derecho a paro? ¿Ni a indemnización por despido? ¿Ni al régimen general de la seguridad social? ¿Nunca pensaron por qué negamos tres derechos básicos –de aplicación universal– a uno de cada seis trabajadores en nuestro pequeño y verde país? ¿Y por qué nadie protesta, ni se escandalizan los técnicos y no se soluciona esto? Pues porque toda nuestra legislación laboral está basada en el desequilibrio: en presuponer que hay una parte fuerte y una débil. Y, según nuestros políticos, si dejáramos en manos de los propietarios la facultad de ir al paro o cobrar subsidios, los fraudes serían permanentes. Así que nada que añadir. Analicen ustedes mismos la brutalidad de esta afirmación, la carga ideológica que conlleva y el clasismo –casi racista– que implica y saquen conclusiones.
¿Y tiene solución tanto prejuicio? Pues por supuesto que sí. Pero pasa por eliminar sermones y puritanismos y empezar a aplicar criterios objetivos. Para empezar, en los impuestos; donde deberíamos entender que lo único importante –lo único imponible– es la renta. Es decir, cuánto se gana. Y no cómo, ni dónde, ni quien, ni por qué se gana. De hacerlo, dejaríamos de ser el último sistema fiscal europeo que grava el patrimonio. Insisto: el último.
Y respecto a lo de las trampas, dejémonos de tanto paternalismo y asumamos que,en un estado de derecho los únicos responsables son las personas y nunca los colectivos. Y que la presunción de culpabilidad no está contemplada.
Y ya para terminar, que no nos tomen el pelo. Igual que no creemos a nuestros políticos cuando pretenden responsabilizar a no sé qué técnicos de todas sus decisiones, tampoco deberíamos hacerlo cuando se escudan en no sé qué lobby secreto, conspiración judeo-masónica, o falta de demanda social. No. Eso de que ellos no pintan nada y los poderosos son los otros ya no cuela. Si no saben mandar, que no culpen a los demás.
