Por Inaciu Iglesias, en El Comercio
La realidad es terca y cada vez más personas queremos seguir hablando en asturiano. Y algunos hasta llegan a diputados. Y existen leyes que nos amparan. Y el mismo Tribunal Constitucional nos reconoce nuestro derecho a hablar en nuestra lengua en nuestro
Los finos, los blancos, los españoles, no quieren tolerar que unos paletos conquisten sus salones
No podemos consentir que un señor diputado se niegue a entender a sus honrados conciudadanos
Asturiano, de entrada, no. Esa, en resumen, parece ser la postura de algunas de sus señorías. Nada. Ni patrimonio, ni derechos, ni consenso, ni leches: la lengua asturiana –ese invento, según ellos– debería seguir estando prohibida. Y que se conserve y todo eso y no se pierda y demás, pero que no se pueda usar en los sitios serios: los despachos, los tribunales o los hemiciclos. Y luego ya –en los pueblos o en los barrios– pues que cada uno haga lo que sea (pero que no lo llamen matrimonio) y sin molestar. Y, por supuesto, en las instituciones nada de tonterías: todo en castellano y punto.
Y siguen repitiendo sus argumentos: que si total para qué, que si ya nadie lo habla, que si hay muchos, que si es de laboratorio, que si sale carísimo, que si con la que tenemos encima… Y les importa muy poco que resulten contradictorios entre sí, o que la ciencia se los desmonte uno a uno, porque –en rigor– no son argumentos, son prejuicios, es puro y simple clasismo. O para decirlo más claro, es racismo. Punto. Ellos son los finos, los blancos y los españoles y no quieren tolerar que unos paletos ilustrados conquistemos sus salones.
Pero la realidad es terca. Y cada vez más personas queremos seguir hablando en asturiano. Y algunos hasta llegan a diputados. Y existen leyes que nos amparan. Y el mismo Tribunal Constitucional nos reconoce nuestro derecho a hablar en nuestra lengua en nuestro Parlamento. Y estas son las nuevas reglas del juego: de acuerdo con que no lo sepas hablar, pero lo tienes que escuchar; puede que no lo puedas escribir, pero lo debes poder leer; y vale que no lo quieras usar, pero no lo vas a poder despreciar. Y nada de esto es una imposición. Como tampoco lo es la enseñanza obligatoria, el código de circulación, la programación de la tele o cualquier menú del día. Son consensos que se asumen. Y claro que podemos cambiar de colegio, de restaurante, de carretera o de canal, pero allí donde vayamos nos seguiremos encontrando con que todas las leyes suponen alguna obligación y todas las libertades acaban exactamente donde empiezan las de los demás.
Así que señorías, lo siento mucho: no existe un derecho a no escuchar, no leer y no conocer la lengua de tus compatriotas. Y en eso no podemos ser condescendientes. Si alguien se negara a compartir mesa y mantel con alguien de otra raza, no se lo consentiríamos. Nunca le concederíamos su presunto derecho a ser racista. Pues cuando un señor diputado se niega a entender a sus honrados conciudadanos tampoco se lo podemos consentir; ni concederle la mitad de nuestro tiempo, ni pagarle entre todos un traductor particular. Porque no es una cuestión de incomprensión, es un problema de intolerancia y de incompetencia. Y no debemos seguir pagando más y más asesores a nuestras señorías ‘que no quieren entender’, igual que no podemos elegir las sedes de nuestras instituciones para que sus directores «puedan conciliar» y pagar dietas de desplazamiento a nuestros diputados, acudan o no a trabajar.
Sus señorías tienen la obligación de atender y entender a sus votantes. Para eso les pagamos. Y les pedimos que sepan distinguir una inversión de un gasto, un capricho de una necesidad, una ley de un reglamento y, en definitiva, que conozcan la realidad sobre la que van a legislar. Que escuchen y no pretendan que la mejor manera de respetar, proteger y promover el uso de una lengua sea, precisamente, no usarla. No. La ignorancia nunca es la solución.