Por José María Urbano, periodista/Director de AsturiasInnova+, El Comercio-La Voz de Avilés
Con el proceso de venta de las plantas de Avilés y La Coruña en la Audiencia Nacional, el Gobierno debería congelar la petición de indemnidad de la empresa en Lugo
Alcoa, la multinacional norteamericana del aluminio, intenta abandonar España desde hace ocho años. Exactamente desde 2013, año en el que finalizó el periodo de bonificación de su tarifa eléctrica que le concedió el Gobierno de Aznar tras la compra de Inespal en 2008. Fue acabar esa bonificación y expresar su disposición a marcharse. Lo intentó ese mismo 2013, repitió el intento en 2014, con un ERE para las plantillas de Avilés y La Coruña y, finalmente, en octubre de 2018 anunció su cierre definitivo.
El punto de partida de esta historia hay que buscarlo en la tarifa eléctrica, la que marcó el cambio de unos resultados extraordinarios en cada ejercicio a otros con pérdidas, al acabarse las bonificaciones que le pagaba el Estado. Por eso resulta sorprendente que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, siga asegurando e insistiendo –hace unos días– en que el precio de la energía no ha sido el motivo por el que Alcoa quería marcharse. En Asturias, como en Galicia, solo se puede defender algo así desde la ignorancia o desde las ataduras de un carné militante. Lo del fallido estatuto de las electrointensivas y la ausencia de proyectos alternativos a los cierres y a las deslocalizaciones que ya han comenzado, precisamente por el precio de la energía, no encuentra justificación alguna.
Alcoa, que ya en su día hizo caja con la venta a trozos de Inespal, una compañía que cogió con 5.000 trabajadores y trece plantas de producción, se deshizo (nunca mejor dicho) de las de Avilés y Coruña con una venta a un grupo de inversión, Parter Capital, que al final ha entrado en la Audiencia Nacional dadas las irregularidades observadas, las que amenazan irremediablemente con la desaparición de las dos factorías el próximo 30 de junio, que es cuando acaba el plazo que se había marcado Parter, precisamente pensando en un precio de la energía que le permitiera competir con el encendido de las cubas de electrolisis y seguir así con la producción normal, incluso aumentándola. Fue lo que dijo.
La multinacional norteamericana se encontró con que lo firmado con Parter se quedó en una componenda. Tres días hábiles después de la firma del contrato de venta, exactamente el 3 de septiembre de 2019, Parter inició los contactos para revender los activos comprados. Al final ‘encontró’ a un supuesto grupo industrial, Riesgo, montado por un abogado con 3.000 euros de capital social y con gente al frente que ha protagonizado algún programa televisivo sobre delincuencia de guante blanco. El desastre se ha apoderado ya de Avilés y Coruña y amenaza seriamente con el cierre.
María Tardón, la jueza de la Audiencia Nacional que lleva este caso tras las denuncias presentadas ante los abusos observados, es la que va a decidir ahora. Y eso lo sabe Alcoa. Hasta el punto de que no sería descartable que la magistrada revertiera todo el proceso y obligara a la multinacional norteamericana a volver al punto de partida, es decir, haciéndose cargo otra vez de las dos factorías. Nada es descartable.
Por eso ahora Alcoa tiene prisa en vender el único activo que le queda, el de San Ciprián, con la SEPI dispuesta a comprarla por un euro para inmediatamente trasvasarla al grupo GFG Alliance, antigua Liberty House. Y por eso también Alcoa pide para cerrar esa operación que se le conceda la indemnidad para quedar a resguardo de cualquier reclamación o demanda futuras.
El Gobierno haría mal en concederle ahora esa indemnidad a la vista de lo sucedido con la anterior operación. Alcoa no tendría nada que temer, puesto que ella es la propietaria de la planta de aluminio y la de alúmina, con lo que se entiende que no tiene por qué haber ninguna reclamación de tipo medioambiental, por ejemplo. Y en el contrato de venta hay que suponer que quedarán claras las subrogaciones correspondientes en todos los ámbitos. Por lo tanto, no se entendería ahora esa indemnidad.
La dilatación en el tiempo con este asunto judicializado y los problemas sobrevenidos a GFG tras la quiebra de Greensill, su proveedor preferente de financiación, darán para otro capítulo de esta historia.
