A favor de dar protección integral a los denunciantes de corrupción

por Comunicación Foro
  • Oblanca: “La corrupción tiene efectos directos sobre la sociedad y el bienestar de los ciudadanos, y debilita el crédito y la confianza en las instituciones y en sus representantes políticos”

  • “Resulta apropiado el establecimiento de un marco integral de protección de los denunciantes de corrupción mediante el reconocimiento normativo de los derechos que les asisten”

  • “Apoyo la reforma de la Ley de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto con objeto de que no proceda su concesión total, ni parcial, en determinados supuestos delictivos contra España, su orden constitucional y sus instituciones. Es decir, exactamente lo contrario de lo que ha perpetrado esta misma mañana negra negrísima el Consejo de Ministros en una de las decisiones más lamentables de la historia reciente de España”

22.06.2021 (Madrid). El diputado nacional de FORO Asturias, Isidro M. Oblanca, intervino hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados durante la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX sobre la protección integral de los denunciantes de corrupción, que Oblanca ha votado favorablemente.

“Apoyamos la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que sea garantía de total indemnidad”

A lo largo de su discurso, Oblanca señaló que “la corrupción tiene efectos directos sobre la sociedad y el bienestar de los ciudadanos, y debilita el crédito y la confianza en las instituciones y en sus representantes políticos”, y anunció su apoyo a “la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción como garantía de total indemnidad”.

Para el diputado nacional de FORO Asturias, “resulta apropiado el establecimiento de un marco integral de protección de los denunciantes de corrupción mediante el reconocimiento normativo de los derechos que les asisten, mejorando así en una materia que es, desgraciadamente, y a lo largo de este siglo XXI, una de las principales y constantes preocupaciones de los españoles”.

“La lucha contra la corrupción y la protección del denunciante ha quedado relegada de la acción del Gobierno de Sánchez y, un año y medio después de iniciado su mandato, permanece excluida de la vía legislativa pese a haberlo comprometido”

Oblanca prosiguió su intervención poniendo el foco en que “la lucha contra la corrupción y la protección del denunciante ha quedado relegada de la acción del Gobierno de Sánchez y, un año y medio después de iniciado su mandato, permanece excluida de la vía legislativa pese a haberlo comprometido”. El diputado asturiano finalizó su intervención anunciando su apoyo a “la reforma de la Ley de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto con objeto de que no proceda su concesión total, ni parcial, en determinados supuestos delictivos contra España, su orden constitucional y sus instituciones. Es decir, exactamente lo contrario de lo que ha perpetrado esta misma mañana negra negrísima el Consejo de Ministros en una de las decisiones más lamentables de la historia reciente de España”.

 

DISCURSO ÍNTEGRO DEL DIPUTADO NACIONAL DE FORO ASTURIAS, ISIDRO MARTÍNEZ OBLANCA, DURANTE LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN:

“Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Votaré favorablemente la Toma en consideración de esta Proposición de Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción, que ha defendido la diputada señora Olona Choclán, porque supone una magnífica oportunidad para dotar a España de medidas contra la mayor de las lacras de nuestro sistema democrático que, además, tiene efectos directos sobre la sociedad y el bienestar de los ciudadanos, y debilita el crédito y la confianza ciudadana en las instituciones y en sus representantes políticos.

Resulta apropiado el establecimiento de un marco integral de protección de los denunciantes de corrupción mediante el reconocimiento normativo de los derechos que les asisten y la correlativa obligación de las Administraciones Públicas de garantizar su efectividad.

Resulta, igualmente indispensable la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que sea garantía de total indemnidad para todos aquellos que en cumplimiento de un deber cívico puedan ver garantizados la efectividad de los derechos que les amparan.

Y resultan necesarias sus disposiciones finales para reformar la Ley de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto con objeto de que no proceda su concesión total, ni parcial, en determinados supuestos delictivos contra España, su orden constitucional y sus instituciones. Es decir, señoras y señores diputados, exactamente lo contrario de lo que ha perpetrado esta misma “mañana negra negrísima” el Consejo de Ministros en una de las decisiones más lamentables de la historia reciente de España.

Señorías, la Proposición de Ley de VOX cubre, además, uno de nuestros grandes vacíos legislativos. En este sentido conviene recordar que, por iniciativa de Ciudadanos, esta Cámara aprobó hace cuatro años y cuatro meses, el 21 de febrero de 2017, durante la XII Legislatura, una iniciativa que iba en una línea que, en términos generales, planteaba una dirección similar a la que estamos debatiendo. De hecho, fue aprobada en aquel entonces con un respaldo altísimo de votos favorables pero su tramitación caducó dos años después con la disolución de las Cámaras en febrero de 2019, enviando al archivo -y al olvido- los trabajos parlamentarios que estaban siendo objeto de informe en el seno de la Comisión Constitucional.

Señorías, en apoyo de esta iniciativa, doy por  reiterados los argumentos con los que respaldé aquella otra Toma en Consideración porque la lucha contra la Corrupción y la Protección de los Denunciantes, continúan precisando de las herramientas legislativas que se plantean en este texto ya que España, a diferencia de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, carece de legislación específica y actualizada para proporcionar garantías de protección al denunciante de corrupción que incluya la salvaguarda de su intimidad, anonimato y  privacidad, así como su integridad física, su defensa jurídica, y en definitiva todas aquellas medidas necesarias para desarrollar y ampliar mediante una norma nacional la protección de testigos.

Resulta pertinente y perentoria una Ley Integral como la que aquí se plantea porque España necesita incorporar a su marco legislativo sus compromisos internacionales suscritos en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas de la que nuestro país es firmante; también la dotación de medidas de protección efectivas dotándonos de una autoridad independiente de integridad pública es una recomendación del Consejo de Europa que va cumpliendo trienios sin que en España nos hayamos pertrechado de esta figura imprescindible en el combate contra la corrupción.

Estamos ante una materia que -desgraciadamente- y a lo largo de este siglo XXI es, junto con el paro, una de las principales y constantes preocupaciones de los españoles lo que se ha venido reflejando en los diferentes programas de los partidos políticos y en sus códigos éticos. Sin embargo, hemos sido incapaces de avanzar legislativamente y de ahí la absoluta pertinencia de esta proposición de Ley.

De hecho, esta misma XIV Legislatura comenzó con el debate de investidura y en el transcurso del mismo el candidato señor Sánchez Pérez-Castejón comprometió en su discurso ante esta Cámara la aprobación de una ley integral contra la corrupción y un estatuto del denunciante que refuerce esta figura esencial para combatir una lacra como esta que es intolerable para la sociedad.

Aquel compromiso del ahora presidente Sánchez reflejado inequívocamente en el Diario de Sesiones del 4 de enero de 2020 continúa incumplido año y medio después sin que parezca que en La Moncloa tengan mucho interés en activarlo pese a que España tiene muchísimo por avanzar en esta materia.

Ello pone en evidencia que la lucha contra la corrupción y la protección del denunciante ha quedado relegada de la acción de este gobierno y, un año y medio después de iniciado su mandato, permanece excluida de la vía legislativa. De esta exclusión ya apuntaban maneras la vicepresidenta Calvo y el ministro de Justicia, el señor Campo, que en sus respectivas comparecencias ante la Comisión Constitucional y la de Justicia, eludieron hablar del asunto. Luego apareció la pandemia y así seguimos, en la sequía legislativa de un Gobierno que ha batido récords históricos en la elaboración de Reales Decretos-Leyes que sortean la función principal de las Cortes Generales, pero que no ha encontrado tiempo para legislar contra la corrupción pese a que el último informe GRECO publicado hace apenas unos meses en el seno del Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa, considera insatisfactorio el cumplimiento de España con los estándares anti-corrupción.

De ahí señorías, lo conveniente de esta proposición de ley de VOX que también haría imposible los indultos porque el drama para España es que el actual Gobierno tiene condicionada su acción política a los apoyos que permitieron en 2020 la investidura de su presidente, precedida en junio de 2018 de una moción de censura contra Mariano Rajoy basada en falsedades y arropada por los mismos apoyos.

Hoy las prioridades de este “Ejecutivo maniatado” pasan por mantenerse en el poder sin que se note mucho que fuerzas separatistas, independentistas, anti-constitucionales y antisistema marcan la agenda de Pedro Sánchez como se ha visto esta mañana en el Consejo de Ministros con la concesión de indultos a los cabecillas de la desintegración territorial de España a pesar de los demoledores informes del tribunal Supremo que emitió las sentencias condenatorias y como se verá al término de esta sesión cuando se vote esta Proposición de Ley que precisamente por estar firmada por un Grupo de la oposición y pese a que acomete la lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes me permito pronosticar que será objeto de repudio.

No será mi caso porque apoyo sin reservas los tres títulos, 38 artículos y las diferentes disposiciones que, por el bien y el futuro de España, urge incorporar a nuestra legislación.

Muchas gracias, señora presidenta”.

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