Por Inaciu Iglesias, en El Comercio
Después del confinamiento, la desescalada, la nueva normalidad y vuelta a empezar, en algún momento tendremos que pensar en la reconstrucción. De la economía, digo. Y cuando llegue ese momento, habrá que tener claras las prioridades porque, en esto de los dineros, el orden de los factores altera el producto; y mucho. Por eso, si de verdad pensamos en las personas, deberíamos saber que lo primero son las empresas; lo segundo, el empleo; lo tercero, los impuestos; y lo cuarto, el bienestar. Ese es el orden lógico de cualquier construcción sólida: la base abajo, soportando todo el peso; y el tejado (el bienestar, los servicios, la calidad de vida) arriba, muy cerca del cielo. No al revés. Y, así, si de verdad queremos ser sostenibles, no podemos empezar asumiendo que cuanto mayores sean nuestros gastos, mejor. Y luego conceder que será necesario cobrar más y más y más impuestos cada vez para soportarlos. Y rematarlo todo celebrando que sangrar a los ricos es un acto igualador de justicia social: una purga progresista; un jarabe democrático. Porque no lo es; es todo lo contrario: con actuaciones así, lo único que conseguiremos será socavar nuestros propios cimientos -que son las empresas-, debilitar el edificio común; es decir, el empleo; y no terminar nunca de rematar el tejado del bienestar.
Y todas estas cosas que no hay que hacer son precisamente las que llevamos haciendo desde hace demasiado tiempo. Llevamos demasiados años asumiendo resignados un sistema político económicamente débil, deficitario y con desempleo. Y con contratos muy precarios. Y con salarios muy bajos. Y con muy poco futuro. Y, por lo tanto, con demasiados trabajadores condenados a aceptar lo que les toca porque no hay alternativas; no hay más ofertas: no hay otros empleos donde escoger. Y, para terminar de rematarlo, con unos administradores de lo nuestro que, en vez de asumir su papel de llevadores y dejar de molestar, se ponen teóricos y retóricos y didácticos y pronuncian discursos pretenciosos sobre el futuro de la economía global y los cambios de modelo de negocio tecnológico y la nueva tercialización servicial y lo conveniente que resultaría –ya en nuestro pequeño y verde país- disponer de cinco mil millones de presupuesto y cincuenta mil funcionarios en plantilla para, así, construir nuevas estructuras empezando por el tejado.
Cuando las empresas cierran lo progresista y solidario no es subir los impuestos. Si queremos beneficiar a los trabajadores, a la gente, al pueblo, lo que toca -en cualquier crisis- es cuidar los cimientos; ayudar a las empresas: favorecer a las grandes compañías, a las medianas y sobre todo a las pequeñas. Si nuestra verdadera prioridad es crear empleo, resulta tan inútil como contradictorio confiscar las herramientas a las únicas que pueden hacer ese trabajo; a las únicas que pueden crear y mantener esos empleos: a nuestras empresas. Porque todos los dineros que les extraigamos serán recursos de menos que ya no podrán re-invertir; que ya no podrán dedicar a mantener empleo: que ya no podrán re-utilizar para crear muchos y buenos puestos de trabajo.
Ese es el absurdo en el que estamos metidos: pretendemos quitar el dinero a los que están creando empleo para, así, combatir el desempleo. Y lo hacemos con la cantinela de los servicios esenciales, irrenunciables y mínimos a los que no podemos renunciar. Y repetimos que con tantas fortunas democráticamente confiscadas, construiremos escuelas y hospitales y y parques tecnológicos que erradicarán el desempleo que nosotros mismos habremos contribuido a aumentar.
Porque eso es lo que pasa cuando el material para construir los tejados se extrae de los propios cimientos.