Advierte de que hasta dirigentes socialistas cuestionan la gestión de Zapico y critica que el Gobierno del Principado pretenda resolver con una nueva Ley de Vivienda lo que es un problema de gestión porque “no saben qué viviendas tienen, no pueden acreditar con qué criterios las adjudican y no comprueban si se usan como deben”
2026.11.10 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, denunció hoy el “desmadre de gestión” del Gobierno de Adrián Barbón en materia de vivienda pública y acusó al Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de intentar tapar con propaganda las graves deficiencias destapadas por el informe de la Sindicatura de Cuentas. Durante su interpelación en el Pleno sobre política general en materia de vivienda y, en concreto, sobre la gestión de la vivienda pública, Pumares cuestionó que la Consejería no disponga de información fiable sobre las viviendas que administra, no pueda acreditar adecuadamente los criterios de adjudicación y carezca de actividad inspectora para comprobar que se utilizan conforme a su finalidad.
El portavoz forista comenzó su intervención recordando el debate celebrado la pasada semana en Comisión parlamentaria sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas, que cuestiona la gestión de la vivienda pública por parte del Gobierno autonómico, y criticó que el Ejecutivo de Barbón pretenda esconder detrás de anuncios y propaganda las deficiencias de una gestión que no responde a las necesidades reales de vivienda de los asturianos. En este sentido, subrayó que las críticas a la política de Zapico no proceden únicamente de FORO Asturias, sino también de destacados representantes socialistas y del propio órgano fiscalizador de la Cámara. Así, Pumares recordó las declaraciones del presidente de la Junta General, quien señaló que el Consejero lleva 800 viviendas iniciadas en cuatro años, cuando Asturias necesita 3.000 anuales, y advirtió de que “conozco a la Administración y pasarán generaciones antes de que logre equilibrar el mercado”, defendiendo además la necesidad de involucrar a la iniciativa privada. Asimismo, citó al Alcalde socialista de Siero, Ángel García, ‘Cepi’, quien, ante la intención del Gobierno autonómico de declarar zonas tensionadas en La Pola y Lugones, afirmó que “lo que hace falta son más viviendas, no más regulación”.
Pumares sostuvo que, si la Administración autonómica no es capaz de construir viviendas al ritmo que necesita Asturias, lo mínimo exigible es que gestione correctamente las que ya tiene. Sin embargo, recordó que el informe de la Sindicatura de Cuentas evidencia que ni siquiera puede responder con garantías a tres cuestiones fundamentales: qué viviendas tiene el Principado, a quién se adjudican y si se utilizan adecuadamente.
En relación con el patrimonio público, el diputado de FORO Asturias cuestionó que el Gobierno autonómico cifre en 8.817 las viviendas de su parque público cuando, según la Sindicatura, no existe ningún registro que permita validar esa cifra. Recordó que la propia Consejería reconoció que la documentación de las promociones se conserva en soporte físico, en los archivos de la Dirección General, y que tanto la Administración como VIPASA gestionan el parque mediante documentos internos de Excel, sin disponer de información sistematizada. Asimismo, señaló que el órgano fiscalizador advierte de una ausencia total de control sobre la vivienda protegida de promoción privada. “Su Gobierno ha declarado la vivienda como derecho subjetivo. ¿Cómo se garantiza un derecho sobre un patrimonio que no se sabe ni cuantificar?”, preguntó.
Respecto a las adjudicaciones, Pumares recordó que los demandantes inscritos en el registro autonómico pasaron de 943 a 3.178 en dos años, aunque la Sindicatura cuestiona la integridad de esas cifras. Denunció que el registro excluye precisamente las viviendas de promoción pública que gestiona el Gobierno autonómico, no recoge la situación económica ni familiar de los solicitantes y establece el orden mediante sorteo, sin tener en cuenta sus necesidades. Según explicó, la Sindicatura concluye que este sistema no está alineado con los principios de objetividad, transparencia y equidad.
El portavoz parlamentario puso el foco en que, durante 2023 y 2024, el 100% de las viviendas de promoción pública se adjudicaron mediante procedimientos excepcionales de emergencia o urgencia, mientras que únicamente se realizaron dos convocatorias ordinarias en esos dos años, correspondientes a 17 viviendas. Pumares cuestionó que el Gobierno haya convertido la excepcionalidad en la forma habitual de adjudicación, pese a que el procedimiento ordinario es el que garantiza la concurrencia y la igualdad de oportunidades.
En cuanto al control del uso de las viviendas públicas, Pumares advirtió de que el informe de fiscalización constata una ausencia total de actividad inspectora, con las dos plazas de inspector previstas en la relación de puestos de trabajo vacantes y sin ningún plan de inspección. Frente a las 1.916 actuaciones y 73 irregularidades alegadas por la Consejería de Vivienda durante el procedimiento de fiscalización y defendidas por Zapico en el debate parlamentario de la semana pasada, recordó que la Sindicatura de Cuentas, en su respuesta a las alegaciones presentadas por la Consejería, y el Síndico Mayor, durante su comparecencia en la Cámara, aclararon que las visitas de gestión, seguimiento social o mantenimiento realizadas por VIPASA no pueden equipararse a inspecciones oficiales.
Durante el turno de réplica, Pumares reprochó al Consejero que no respondiese a ninguna de las tres cuestiones planteadas y que insistiese en justificar su gestión sin aportar los datos necesarios. También recordó que las críticas a la insuficiente construcción de vivienda pública y a la declaración de zonas tensionadas procedían de representantes del propio PSOE y no de los grupos de la oposición. Asimismo, cuestionó las explicaciones de Zapico sobre la falta de inspectores y las supuestas actuaciones inspectoras realizadas por VIPASA. “VIPASA no puede hacer inspecciones, es una sociedad anónima. Puede visitar sus pisos como arrendador, pero no puede ejercer una potestad pública como la inspección”, señaló, recordando que esa competencia corresponde a la Dirección General de la Consejería. En este sentido, insistió en que la Sindicatura ya había aclarado por escrito, al responder a las alegaciones de la Consejería, que las visitas de VIPASA no equivalen a inspecciones y que el síndico mayor reiteró esa misma conclusión ante la Cámara.
El diputado de FORO Asturias también rechazó que el Gobierno pretenda restar importancia a las conclusiones del informe por referirse a los ejercicios 2023 y 2024, recordando que los trabajos de fiscalización se prolongaron hasta 2026. A su juicio, las explicaciones del Consejero no permiten despejar las dudas sobre la gestión del parque público ni acreditar que las viviendas se destinan efectivamente al uso que les corresponde. “Señor Consejero, no saben qué viviendas tienen. No pueden acreditar con qué criterios las adjudican. Y no comprueban si se usan como deben”, reprochó Pumares, quien insistió en que estas conclusiones no son únicamente una crítica de FORO Asturias, sino que se desprenden del trabajo de un organismo independiente como la Sindicatura de Cuentas.
Finalmente, el portavoz parlamentario de FORO Asturias calificó de “desmadre de gestión” la situación de la Consejería de Vivienda y rechazó que las deficiencias detectadas puedan resolverse mediante la aprobación de una nueva normativa. “Ese desmadre de gestión que hay en la Consejería de Vivienda no es un problema de falta de leyes. Es un problema de gestión. Y no se arregla con una nueva Ley de Vivienda, sino haciendo lo básico: un inventario, un registro que funcione, convocatorias ordinarias e inspectores”, concluyó.
