“La iniciativa buscaba que la Administración pública ejerza su capacidad normativa y legisle con el fin de contar con un marco regulador que impulse y fomente el mecenazgo público-privado en materia medioambiental, que debido a sus particularidades y al beneficio que genera en la comunidad, debe tener una especial atención y protección”
“La fórmula del micromecenazgo fue inaugurada en España con el fin de sufragar, eminentemente, proyectos e iniciativas de tipo creativo y cultural; pero ahora, en estas circunstancias, se comienza a extender también al ámbito medioambiental”
“A pesar de la aparente preocupación medioambiental de las Administraciones, es un hecho que estas no han sido capaces de canalizar los suficientes recursos para el efectivo cumplimiento de nuestros compromisos medioambientales, siendo la ciudadanía la que ha sabido a esa acción política, poniendo de su parte tanto medios como voluntad, iniciativas y acción”
24.03.2021 (Oviedo).- El secretario general y portavoz de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, lamentó que “el sectarismo de la izquierda asturiana y de VOX imposibilita el desarrollo en el Principado de una Ley de Mecenazgo ambiental que permita a la sociedad ser protagonista del desarrollo medioambiental y la investigación imprescindibles para garantizar tanto el cuidado de nuestro entorno como que el cambio climático deje de avanzar”.
Pumares explicó que la iniciativa, que fue rechazada con los votos en contra de los partidos de izquierda y de VOX, buscaba que “la Administración pública ejerza su capacidad normativa y legisle con el fin de contar con un marco regulador que impulse y fomente el mecenazgo público-privado en materia medioambiental, que debido a sus particularidades y al beneficio que genera en la comunidad, debe tener una especial atención y protección, diferente a las de otros tipos de mecenazgos quizás más asentados y ya regulados”.
El dirigente forista, que explicó que “la fórmula del micromecenazgo fue inaugurada en España con el fin de sufragar, eminentemente, proyectos e iniciativas de tipo creativo y cultural; pero ahora, en estas circunstancias, se comienza a extender también al ámbito medioambiental”, también consideró que “a pesar de la aparente preocupación medioambiental de las Administraciones, es un hecho que estas no han sido capaces de canalizar los suficientes recursos para el efectivo cumplimiento de nuestros compromisos medioambientales, siendo la ciudadanía la que ha sabido a esa acción política, poniendo de su parte tanto medios como voluntad, iniciativas y acción”.
PROPOSICIÓN NO DE LEY ÍNTEGRA:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las prioridades de los poderes públicos que han sido desplazadas por la pandemia es la lucha contra el cambio climático y contra la contaminación. Se trata de un asunto de la máxima importancia y en el que la sociedad en general, y particularmente la sociedad asturiana, tiene un interés especial. En el caso concreto del Principado de Asturias, donde además la preservación del medio ambiente resulta de especial interés al contar con entornos naturales de primera magnitud, la necesaria lucha contra el cambio climático no debe implicar en ningún caso pérdidas de empleo ni la destrucción de sectores que, como es el caso de la industria, resultan fundamentales en el PIB regional.
Es innegable que el cambio climático supone una amenaza a la mera existencia de la humanidad. Quizá por eso, es una materia en la que se ha generado un importante consenso internacional, que excede los intereses localistas para abordar acciones globales que permitan combatirlo de forma eficaz. En este sentido, la Unión Europea ha puesto un especial énfasis en lograr una estrategia común, que cristalizó en el Pacto Verde Europeo, hoja de ruta para lograr transformar los retos climáticos y medioambientales en auténticas oportunidades de futuro. Este Pacto Verde Europeo establece un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los recursos y reducir la contaminación, con el objetivo de que la Unión Europea sea climáticamente neutra en el año 2050 sin dejar a personas ni a lugares atrás. Con este objetivo, el Pacto Verde Europeo propone actuaciones en todos los sectores de nuestra economía, al tiempo que garantiza el apoyo financiero y la asistencia técnica necesarios para que las personas, las empresas y las regiones más afectadas por esta transición energética no se vean damnificadas.
En el caso concreto de España, la Vicepresidenta Teresa Ribera está optando por marcarse unos plazos mucho más ambiciosos que los que indica la Unión Europea, condenando de esta forma al Principado de Asturias a una irrecuperable pérdida en términos de empleo y de PIB. En lugar de apostar por una transición energética gradual y consensuada con los agentes implicados, que nos permita alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea sin condenar a amplios sectores de nuestra economía, el actual Gobierno de España está optando por una transición energética más apresurada que los países de nuestro entorno, que no colaborará a mejorar la lucha global contra el cambio climático, pero que sí perjudicará por el camino a multitud de trabajadores y empresas.
A pesar de esta aparente preocupación medioambiental, es un hecho que las Administraciones públicas no han sido capaces de canalizar los suficientes recursos para el efectivo cumplimiento de nuestros compromisos medioambientales. Aunque esta cuestión permanece en él debe del sector público y de la acción política, la ciudadanía ha sabido –como es habitual– adelantarse a esa acción política, poniendo de su parte tanto medios como voluntad, iniciativas y acción. En materias como la protección del medio ambiente, tanto particulares como entidades de todo tipo han destacado por su involucración y actividad, al mismo tiempo que, beneficiándose de esta dinámica, las Administraciones relajan sus propias actuaciones y los compromisos presupuestarios que las acompañan. Así, la fórmula del micromecenazgo fue inaugurada en España con el fin de sufragar, eminentemente, proyectos e iniciativas de tipo creativo y cultural; y ahora, en estas circunstancias, se comienza a extender al ámbito medioambiental. Grandes y pequeñas iniciativas verdes utilizan la red y los canales de comunicación social para captar a inversores, a personas particulares que deseen colaborar o a entidades que puedan contribuir a las ideas planteadas. Internet es, sin lugar a dudas, el medio más eficaz para distribuir una idea y recopilar adhesiones a la misma, sean éstas económicas, humanas o de cualquier tipo. Por ello, y ante la ausencia de grandes mecenas medioambientales, en España se opta ya con asiduidad por la fórmula del ‘crowfunding’ para financiar iniciativas de corte medioambiental que redundan en el bien general.
En este contexto, resulta necesario que la Administración pública ejerza su capacidad normativa y legisle con el fin de contar con un marco regulador que impulse y fomente el mecenazgo público-privado en materia medioambiental, que debido a sus particularidades y al beneficio que genera en la comunidad, debe tener una especial atención y protección, diferente a las de otros tipos de mecenazgos quizás más asentados y ya regulados. De este modo, se configurará el mecenazgo medioambiental como una herramienta para la responsabilidad social colectiva, que permita a la sociedad, en este tiempo de dificultades, ser protagonista del desarrollo medioambiental y la investigación imprescindibles para garantizar tanto el cuidado de nuestro entorno como que el cambio climático deje de avanzar.
En su virtud, el Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS que suscribe, presenta para su debate ante el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que elabore a la mayor brevedad, y en todo caso antes de que finalice el próximo período de sesiones, un Proyecto de Ley de Mecenazgo Medioambiental y lo someta a la consideración de la Cámara.