Adrián Pumares: “El Presidente Adrián Barbón no puede permanecer de brazos cruzados ante la nueva discriminación que para el Principado de Asturias supone la redacción del Estatuto de las electrointensivas, sino que debe liderar la respuesta conjunta de toda la sociedad asturiana”

por dircomunicacion

“Resulta una tomadura de pelo que mientras que países como Italia aprueban una subasta de interrumpibilidad, en España este mecanismo se cancela en el primer semestre de este año alegando su incompatibilidad con la regulación de la Unión Europea”

“Es responsabilidad del Gobierno del Principado defender los intereses de Asturias y que el Gobierno de España articule mecanismos que favorezcan la competitividad de nuestra industria, y cuenta para ello con el respaldo de toda la sociedad asturiana, de los agentes sociales y de los partidos políticos”

“La afirmación del Secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, de que el Estatuto llega al máximo que permite la Unión Europea no se sostiene cuando se observa lo que hacen países como Francia, Alemania o Italia”

22.10.2020 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, afirmó hoy, tras participar en la primera reunión de la Alianza por la Industria que “el Presidente Adrián Barbón no puede permanecer de brazos cruzados ante la nueva discriminación que para el Principado de Asturias supone la redacción del Estatuto de las electrointensivas, sino que debe liderar la respuesta conjunta de toda la sociedad asturiana”. Según Pumares, “con el objetivo de beneficiar a determinadas Comunidades Autónomas, el documento rebaja enormemente los requisitos para que una empresa sea considerada consumidor electrointensivo, lo que ataca directamente a la competitividad de la industria asturiana”.

El dirigente forista recordó que “además de aprobar un Estatuto de que de poco sirve a la industria electrointensiva asturiana, el Gobierno de España suprimió el mecanismo de las subastas de interrumpibilidad”. “Resulta una tomadura de pelo que mientras que países como Italia aprueban una subasta de interrumpibilidad, en España este mecanismo se cancela en el primer semestre de este año alegando su incompatibilidad con la regulación de la Unión Europea”, añadió.

El dirigente forista expresó que “tanto los agentes sociales como el conjunto de los partidos políticos del Principado de Asturias estamos de acuerdo tanto en la necesidad de que se articulen mecanismos que permitan a nuestra industria contar con unos costes energéticos competitivos y predecibles como en la inutilidad de este Estatuto de las electrointensivas para lograr este objetivo, por lo que es responsabilidad del Gobierno del Principado defender los intereses de Asturias y que el Gobierno de España articule mecanismos que favorezcan la competitividad de nuestra industria, y cuenta para ello con el respaldo de toda la sociedad asturiana, de los agentes sociales y de los partidos políticos”.

El portavoz de FORO Asturias en la Junta General también criticó la valoración del Gobierno de España al respecto del Estatuto, trasladando que “la afirmación del Secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, de que el Estatuto llega al máximo que permite la Unión Europea (UE) no se sostiene cuando se observa lo que hacen países como Francia, Alemania o Italia”, y manifestó que “no es serio dejar en manos de las Comunidades Autónomas las carencias provocadas por el hecho de que el Gobierno de España carezca de una verdadera política industrial, porque los Gobiernos autonómicos carecen de capacidad para hacer frente al diferencial en el precio de la electricidad que nuestra industria soporta con respecto a los países de nuestro entorno”.

Finalmente, el diputado de FORO Asturias calificó como “una muestra de desprecio intolerable que el Gobierno de España ni siquiera haya dado contestación a las alegaciones presentadas al Estatuto por mí en nombre de FORO Asturias o por el Gobierno asturiano”.

En la fotografía de portada, publicada en el diario El Comercio: La planta de Arcelor de Gijón, que tiene amenazadas de cierre varias de sus instalaciones. / ARNALDO GARCÍA

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