La izquierda impide que el Pleno saque adelante la Proposición de FORO Gijón para solucionar los problemas que el diseño y la ejecución de las ayudas de ‘Mi Barrio’ causan a sus beneficiarios y a la Administración

Pelayo Barcia: “Con nuestra Proposición pedimos la publicación de los datos de control oficiales, además de un plan serio para los afectados, fórmulas compensatorias legales e informes jurídicos para cerrar la fiscalización del programa”

por Comunicación Foro

El concejal del Grupo Municipal de FORO Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia Castañón, ha defendido hoy en el Pleno una Proposición para “solucionar los problemas que el mal diseño y la mala ejecución del programa de Servicios Sociales ‘Mi Barrio’ están causando a sus beneficiarios y a la Administración. La Proposición no ha resultado aprobada por los votos en contra de los grupos del Gobierno (PSOE e IU) y Podemos-Equo Xixón.

Pelayo Barcia ha recordado que se trata de “la tercera vez” que FORO Asturias lleva este asunto al Pleno. Y ha resumido de este modo los puntos que se proponen en su iniciativa:

“Primero, que se publiquen los datos de control oficiales. ¿Cuánto dinero queda por justificar y cuantas personas tienen saldo pendiente de justificar?

Segundo, que se presente un plan de actuación serio y riguroso para ver cómo los afectados pueden justificar todo esto correctamente.

Tercero, que la revocación, en caso de llegar, venga acompañadas de fórmulas compensatorias. Ojo, pero legales. No estamos diciendo que se haga una ayuda ‘ad hoc’ para contablemente solucionar el asunto. No estamos hablando de beneficiar más a quien lo hizo mal de a quien lo hizo bien.

Y cuarto, que se presenten todos los informes jurídicos que avalen lo hecho, ya que tenemos serias dudas que este expediente cuando llegue a Intervención, a la Sindicatura de Cuentas o a otros órganos fiscalizadores de bastantes problemas al Ayuntamiento”.

Además, el edil forista ha pedido a la concejala del ramo, Natalia González, que asuma sus responsabilidades.

A continuación reproducimos íntegramente la Proposición de FORO Asturias:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras la revisión del expediente del programa “Mi Barrio” de la Fundación de Servicios Sociales por parte de este grupo municipal y tras la aparición en diferentes medios de comunicación de datos aparentemente oficiales, se observa que sigue habiendo unos 350.000-400.000€ sobre su dotación inicial de 995.775€ de los que se ha partido el control, ya que no han sido justificados. Respecto a los 1.110 beneficiarios, sobre un tercio de estos (300-400) aún no han justificado plenamente la cantidad recibida en diciembre de 2020, que oscilaba entre 700 y 1.200€ a cada uno de ellos, para ser gastadas en Ropa, Calzado, Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Material Oftalmológico, Material de Audiología y Odontológico, Material Ortopédico, Reparaciones en la vivienda habitual, Electrodomésticos, Equipamiento del Hogar, Material Informático, Reparaciones de Ordenadores, Productos de Puericultura y Productos frescos de alimentación.

Los dos tercios que han justificado la ayuda recibida lo han hecho a través del sistema de gestión implantado por la Unión de Comerciantes que basaba su operativa en una tarjeta de control para utilizar en los comercios adheridos.

Respecto a las personas que no lo han utilizado, esas 300-400, se observa que algunas de ellas, unas 36, han presentado por registro de entrada justificantes y alegaciones al respecto, tras haber recibido llamadas desde la Fundación Municipal a finales de 2021. El resto de ese tercio, a los que suponemos que la Fundación de Servicios Sociales también ha llamado, aún no ha presentado nada, cuando ya ha pasado más de mes y medio desde que terminó el programa.

De la revisión de estas 36 entradas registrales se observa que prácticamente la mitad afirma que el dinero se lo gastaron en “otras cosas” porque “cuando me llegó el dinero, no me llegó la hoja ni la tarjeta, eso llegó mucho tiempo después” o, algunos, incluso, afirman que “no recibí ninguna notificación ni por carta ni por correo electrónico en donde se me explicase qué debía hacer”. Estas personas, en general, responden a la administración con una declaración donde afirman que se lo gastaron en bienes y servicios de primera necesidad, pero sin aportar ninguna justificación, a modo de declaración responsable o jurada.

La otra mitad, unos 20, sí que aporta gastos, mayoritariamente tickets de supermercados que incluyen todo tipo de productos, no solamente productos frescos de alimentación como dicen las bases, aportan justificantes de abono del alquiler y gastos de compras en grandes superficies. A pesar de ser pocos casos los que presentan justificación, la variedad en la justificación es amplísima, ya que hasta hay casos que aportan una factura de reparación de la moto, “para pasar la ITV”, gente que dice que no puede justificar porque paga “en efectivo” el alquiler y hasta un beneficiario que dice haber sufrido en su cuenta bancaria la suplantación de su identidad por un ataque de “Phising” y adjunta la denuncia en comisaría, y todo esto solamente con 36 personas de las 300-400 que deberán justificar el dinero recibido por no haber usado el sistema de la Unión de Comerciantes.

Llegados a este punto, y al ver que esos 350.000-400.000€ que faltan por justificar o no se justificarán o lo serán mediante justificaciones fuera de lo que dictaminan las bases, como son la mayoría de los casos que hemos visto, creemos que el asunto pasa por diferenciar el apartado humano del apartado político-administrativo.

A nadie se nos puede escapar que todo esto comienza por la cabezonería del equipo de gobierno de no querer implantar la tarjeta prepago, por no relacionar esta ayuda con la “Renta Social” puesta en marcha por el gobierno anterior. Esto llevó a que se transfiriese a las cuentas bancarias de los beneficiarios el dinero, sin dar explicaciones y sin que una gran parte de los beneficiarios no se enteraron para qué era o como debían gastarlo, cosa que no hubiese sucedido si se hubiese mantenido la tarjeta de la Renta Social. Hay que recordar que esta ayuda no fue solicitada por los beneficiarios, fue concedida por adjudicación directa, por lo que la situación es harto compleja.

Por tanto, ir ahora a estas personas con “legalismos” y exigirles un dinero que ni pidieron ni por el que recibieron explicaciones a tiempo nos parece injusto, ya que no debemos de olvidar que se trata de personas con bajos ingresos que normalmente suelen llevar asociados otros problemas. Lamentablemente, la Ley nos obliga a ello; y aunque el dinero se les haya depositado en su cuenta sin que lo hubiesen solicitado, la Ley protege a la administración antes que a ellos, por lo que son ellos los que deben dar explicaciones y no quien les depositó el dinero.

Aun así, creemos que política y administrativamente hablando se debe apoyar a estas personas para que la responsabilidad pase, al menos moralmente, de sus manos a la de los políticos y empleados públicos responsables de idear este programa. Por ello, solicitamos que se dé toda la información, que se presente un plan de actuación, que se busquen fórmulas administrativas para devolver el dinero de la manera más cómoda y sobre todo, que se arme el expediente administrativo para que en un futuro, la Intervención General, la Sindicatura de Cuentas o aquellos órganos de fiscalización que correspondan no pongan ningún reparo sobre esta actuación del Ayuntamiento de Gijón.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón acuerda:

  1. Que se publiquen en la web de Servicios Sociales los datos suministrados por la Unión de Comerciantes al Ayuntamiento de ejecución del programa a fecha 31 de diciembre de 2021 para conocer los resultados del programa y con exactitud cuánto dinero no está justificado y cuántos beneficiarios no han gastado, dentro del sistema de justificación, todo el dinero que habían recibido.

 

  1. Que la concejala de Servicios Sociales presente en la próxima Comisión de Servicios y Derechos sociales un plan de actuación para intentar llegar al máximo número de personas que aún no han presentado justificación, o que la que han presentado es claramente insuficiente. En dicho plan se debe detallar qué gastos son justificables y qué formas de justificación son las más adecuadas y sencillas para estos beneficiarios.

 

  1. Que, dentro de la legalidad vigente, se busquen fórmulas para que la revocación de la ayuda a quienes no justifiquen el gasto adecuadamente, se pueda sustituir por una compensación futura, en otras ayudas futuras, y que ésta tenga el menor impacto en sus ingresos haciéndose a plazos, por ejemplo.

 

  1. Que la concejala de Servicios Sociales presente en la comisión de Servicios y Derechos sociales y en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales todos los informes jurídicos y técnicos que ella entienda como oportunos para cerrar la fiscalización de este programa cuando ese cierre se produzca”.

 

 

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