Recuerda que el PSOE bloqueó una iniciativa autonómica mientras otras Comunidades Autónomas, como Extremadura, sí legislan
2026.02.10 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha reprochado hoy al Gobierno del Principado su falta de iniciativa para combatir la obsolescencia programada. Durante su intervención en la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, donde el diputado preguntó al Consejero Ovidio Zapico qué actuaciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para luchar contra todos los tipos de obsolescencia de los productos, señaló que este asunto cobra especial relevancia en el marco del Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias que se debatirá próximamente en la Junta General.
El portavoz parlamentario recordó que ya en 2020, antes de la pandemia, FORO Asturias llevó al Pleno una Proposición No de Ley (PNL) para combatir la obsolescencia programada, entendida como el conjunto de prácticas destinadas a reducir deliberadamente la vida útil de los productos mediante defectos programados, impedimentos para la reparación o limitaciones técnicas, con el único objetivo de incrementar el reemplazo y los beneficios empresariales.
Aquella iniciativa, repasó Pumares, incluía dos puntos: uno dirigido al Gobierno de España, que fue aprobado, y otro que instaba al Gobierno de Asturias a legislar en el ámbito autonómico, que fue rechazado. “Algunos partidos se escudaron en cuestiones ideológicas y el PSOE llegó a cuestionar que Asturias tuviera competencias para actuar, algo que la realidad ha desmentido”, apuntó Pumares, recordando que Extremadura prohibió la obsolescencia programada en su legislación autonómica en 2019.
Pumares lamentó que el Ejecutivo asturiano haya renunciado a impulsar medidas como garantizar la reparación de los productos, ya sea a través de sus servicios técnicos o bien garantizando el suministro de recambios; mejorar la calidad y sostenibilidad; fomentar un consumo responsable, que tenga en cuenta el impacto sobre el medioambiente, la huella ecológica y la calidad de los productos; favorecer la realización y la puesta en marcha de proyectos I+D+i basados en el diseño ecológico de los productos, la economía circular, el residuo mínimo y la economía de la funcionalidad. E incluso fomentar una etiqueta voluntaria que incluya la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación
“Lo que reclamamos es que el Gobierno se atreva a ejercer sus competencias y defienda a los consumidores asturianos”, afirmó el portavoz de FORO, quien insistió en que, “si un producto tiene una fecha predeterminada para dejar de funcionar, esa información debe indicarse claramente y reflejarse en el precio”. “Las expectativas empresariales son legítimas, pero los derechos de los consumidores son irrenunciables”, concluyó Adrián Pumares.
Imagen central de BBVA.