Alerta de la opacidad del Gobierno de Barbón, que oculta el Plan de Labores desde junio, impidiendo a los ayuntamientos ejercer sus competencias
2025.05.21 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, ha exigido hoy al Gobierno del Principado la revocación inmediata del permiso de investigación minera concedido a Asturmet Recursos S.L.U. en la sierra de Peñamayor, por ser una actuación que vulnera de forma clara la normativa urbanística y que, además, según señaló el diputado forista, ha sido rechazada tanto por la ciudadanía como por el Parlamento asturiano.
Pumares advirtió al Consejero de que “el pasado domingo, más de un centenar de personas partimos desde los concejos de Nava, Laviana y Bimenes para hacer cumbre en los picos de Peñamayor, el Trigueru y El Texíu. Y lo hicimos por dos razones: por disfrutar de la sierra, que merece la pena —le animo de verdad a visitarla—, y para manifestar, una vez más, nuestro profundo rechazo al permiso que su Gobierno ha concedido a la empresa Asturmet Recursos S.L.U. para la investigación minera en Peñamayor”.
Recordó también el diputado de FORO Asturias al Consejero que la Comisión de Ciencia, Industria y Empleo de la Junta General ya aprobó una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a revocar el permiso, pero, según denunció Pumares, el Principado “responde con un portazo” alegando que no puede hacerlo. “No es cierto. La revocación es legalmente posible y, de hecho, obligada”, señaló el diputado forista.
El parlamentario de FORO Asturias mostró al Consejero y su equipo un informe urbanístico de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, referido al concejo de Nava, que certifica que el permiso afecta a Suelo No Urbanizable de Especial Protección —paisaje natural, masas forestales autóctonas, perímetro del manantial de Fuensanta y zonas arqueológicas— donde la actividad minera es un uso expresamente prohibido.
Ante esta situación, Pumares defendió su argumentación conforme al artículo 106 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que permite revisar de oficio los actos administrativos cuando son contrarios a la legalidad. “La ley ampara la revocación. Lo que no se puede amparar es el silencio cómplice del Gobierno ni su negativa a cumplir una resolución de la Junta General”, denunció el diputado, tras cuestionar “¿cómo pueden obviar que el artículo 106 de la Ley 39/2015 permite la revisión de oficio cuando un acto administrativo infringe claramente la normativa vigente?”.
Pumares mostró su preocupación por la falta de transparencia por parte del Ejecutivo autonómico, que desde junio, dijo, tiene en su poder el Plan de Labores del proyecto sin hacerlo público. “Ese documento es clave para saber en qué fincas privadas se pretenden hacer las prospecciones, y sin él los ayuntamientos no pueden ejercer sus competencias urbanísticas. ¿Qué pasa, que quieren que la empresa actúe sin licencias?”, manifestó el parlamentario forista.
Pumares concluyó que “lo tienen muy fácil: el permiso es ilegal, hay informes que lo acreditan, hay un mandato parlamentario claro y hay base jurídica suficiente para revocarlo. Si no lo hacen, es porque no quieren, porque prefieren proteger a un chiringuito especulativo antes que a la sierra de Peñamayor y a quienes la defendemos”.