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“La crueldad derivada de estas situaciones nos obliga a mejorar los mecanismos de protección para los menores que quedan en grave situación de vulnerabilidad”
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“Las medidas para combatir esta lacra son insuficientes como demuestran ciertas dificultades para acceder a las pensiones de orfandad contempladas en la Ley”
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“Un Ejecutivo tan prolífico y creativo con la figura Real Decreto-Ley, incluso vulnerando la Constitución, no ha encontrado ocasión para ocuparse del tema prioritario de la atención de los huérfanos por violencia de género”
15.06.2021 (Madrid).- El Diputado de FORO Asturias, Isidro Martínez Oblanca, intervino esta mañana en el debate de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género.
Durante su intervención, el Diputado forista criticó que el Gobierno “se parapeta en la burocracia a palo seco para enmarañar la agilidad en la respuesta que necesitan los niños y niñas víctimas de la violencia de género” y preguntó “¿cómo se compaginan los añadidos a la Ley del Poder Judicial y las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pretende el Gobierno, con una ministra de Igualdad que pone en solfa nuestro sistema de Justicia y lo descalifica abiertamente?”
Oblanca, que lamentó que “la crueldad derivada de estas situaciones nos obliga a mejorar los mecanismos de protección para los menores que quedan en grave situación de vulnerabilidad”, criticó fuertemente que “las medidas para combatir esta lacra son insuficientes, como demuestran ciertas dificultades para acceder a las pensiones de orfandad contempladas en la Ley”.
“Un Ejecutivo tan prolífico y creativo con la figura Real Decreto-Ley, incluso vulnerando la Constitución, no ha encontrado ocasión para ocuparse de este tema prioritario de la atención de los huérfanos por violencia de género”, concluyó el Diputado de FORO Asturias.
INTERVENCIÓN ÍNTEGRA DEL DIPUTADO DE FORO ASTURIAS, ISIDRO MARTÍNEZ OBLANCA, DURANTE EL DEBATE DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS HUÉRFANAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Muchas gracias, señora presidenta.
Esta Proposición de Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género aborda un asunto que atiende el inexcusable compromiso de la sociedad ante los huérfanos, es decir, ante los hijos e hijas que de forma muy cruel y sobrevenida entran de lleno en la espiral de lo vulnerable tras el asesinato de la madre o el padre y precisan -tanto ellos como sus tutores- de auxilio frente al empobrecimiento, la exclusión y los riesgos que acompañan su gran tragedia familiar.
Señorías, España vive unos días de consternación como secuela de los horrendos crímenes que se han producido estas últimas fechas, uno de los cuales, el asesinato de la joven Rocío Caiz, precisamente, ha dejado un huérfano de unos pocos meses de edad; el séptimo en lo que va de 2021.
Ya se han citado tanto en lo exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria como en la defensa de la misma que ha realizado la portavoz del Grupo socialista, diferentes cifras que reflejan estadísticamente la irracional crudeza de una violencia que desde el año 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente los datos, ha dejado del orden de 300 huérfanos.
Efectivamente, la crueldad derivada de estas situaciones nos obliga a mejorar los mecanismos de protección para los menores que quedan en grave situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, precisan de la ayuda social y necesitan tal respaldo, además, de forma inmediata y continuada para cubrir su dependencia económica y también para proporcionarles recursos educativos, formativos y universitarios, así como hacerlos beneficiarios a ellos y a quienes hayan asumido su patria potestad, la tutela o el acogimiento incluyéndolos en el sector preferente para los planes de ayudas para acceder a una vivienda, tanto el estatal como los autonómicos.
Hablamos de vidas rotas que requieren de una atención muy individualizada, no como integrantes de un colectivo de víctimas, sino como personas indefensas que no deberían ser tratadas como un pack, sino con medidas muy específicas y personalizadas para cada una de ellas.
En este asunto vamos a remolque de unos acontecimientos que, por lo que una vez más hemos visto y oído estos últimos días, es utilizado políticamente, caso del mismísimo presidente del Gobierno con sus acusaciones veladas contra la oposición realizadas el pasado viernes sobre lo que él considera “banalización” de las leyes e instrumentos específicos para combatir la lacra de la violencia de género y su variable conocida como violencia vicaria.
Yo, desde luego, rechazo tal acusación, pero que las medidas para combatir esta lacra son insuficientes lo demuestran ciertas dificultades para acceder a las pensiones de orfandad contempladas en la Ley 3/2019, tal y como han señalado desde diferentes entidades y particulares. Asimismo, el desarrollo del Eje 4 del Pacto de Estado contra la violencia de Género y sus 16 medidas dirigidas a mejorar la asistencia, protección y acompañamiento de los hijos e hijas de las víctimas, así como las medidas dirigidas a prevenir la violencia de género entre los jóvenes y adolescentes, presenta un balance cuya imprescindible mejora depende de la agilidad en la actualización de nuestra Legislación.
Señoras y señores diputados, un Ejecutivo tan prolífico y creativo con la figura Real Decreto-Ley, incluso vulnerando la Constitución, no ha encontrado ocasión para ocuparse de este tema prioritario. De hecho, que estemos esta tarde aquí debatiendo -a instancias del Grupo socialista -mayoritario de la Cámara- un paso para acometer nuevas modificaciones legislativas es la prueba más notoria de que en nuestra más reciente legislación habían quedado huecos en la garantía de protección para determinadas situaciones.
Por ejemplo, viene al caso recordar que en marzo de 2017 también fue el Grupo socialista el promotor de una ampliación legislativa relacionada con las pensiones de orfandad por violencia de género, a partir de la cual se introdujeron modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Todo ello por las carencias derivadas de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (Ley Integral aprobada en 2004).
Otro ejemplo, mucho más reciente, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2019 de 1 de marzo, fue percatarse de que en el requisito de orfandad absoluta asimilable no se contemplaban algunos supuestos como es el caso de la no coincidencia del homicida con el padre del niño o niña.
También se da el caso de que el progenitor no puede asumir la manutención de los menores o de otras circunstancias que, por no poder atenderlas, derivan en la desprotección del huérfano. Todo ello lo advirtió el pasado año, muy acertadamente y por unanimidad de todos sus grupos políticos, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Galicia demandando del Gobierno del Estado una difusión activa de la existencia de recursos y el acceso a la percepción de pensiones equiparables a las de orfandad en caso en caso de asesinato de su madre, con independencia de que fuese o no cotizante.
También el Defensor del Pueblo en su separata del Informe anual de 2019 dedicada específicamente a los niños y los adolescentes, se hacía eco de las denuncias realizadas por distintas asociaciones de padres de familia separados y ciudadanos particulares, que le expusieron el trato discriminatorio derivado de la nueva regulación puesto que al referirse solo a violencia de género, no contemplaba prestaciones o ayudas a favor de los huérfanos en esta misma situación, cuando es el padre el que fallece a manos de la madre del menor.
¿Y qué responde el Gobierno del señor Sánchez ante este tipo de justificadas advertencias institucionales o de reclamaciones desde otros ámbitos parlamentarios? Pues el Gobierno se parapeta en la burocracia, señorías. Burocracia a palo seco para enmarañar la agilidad en la respuesta que necesitan los niños y niñas víctimas de la tragedia. Hay respuestas escritas del Gobierno que exigen la intervención de un bufete muy especializado de intérpretes para entender lo que quieren decir o para llegar a la puerta administrativa adecuada. No se entienden por quienes tienen cierta pericia en descifrar los circunloquios del Gobierno; menos aun lo entienden las familias cuya precariedad se pretende paliar.
Pero es que, además de la burocracia, el Gobierno también se parapeta en la irreverencia democrática. En esta Proposición de Ley, señores del Grupo socialista, Vds. proponen añadidos a la Ley del Poder Judicial, y modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativas a la atribución de competencias respecto al procedimiento de liquidación, bien al Juzgado de Primera Instancia o bien al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. ¿Cómo se compagina todo esto con una ministra de Igualdad que pone en solfa a nuestro sistema de Justicia y lo descalifica abiertamente? Por cierto, la misma ministra cuyo grupo se abstuvo aquí en el Hemiciclo de aprobar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; portavoz parlamentaria firmante de una enmienda a la totalidad que -afortunadamente- quedó en grado de tentativa frente a dicho Pacto de Estado.
En todo caso, a pesar del Gobierno, la proposición de ley es una oportunidad para dar más y mejores pasos en favor de los huérfanos. Votaré favorablemente su toma en consideración, señora presidenta.