Insta a que el dictamen concrete la responsabilidad política de Adrián Barbón en el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera tras el decreto de 2019 que debilitó los controles de seguridad minera
Reclama que el Principado asuma su responsabilidad patrimonial para agilizar las ayudas a las víctimas y sus familias
2026.05.06 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, presentó hoy las aportaciones de su formación al dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, en Degaña, defendiendo que la tragedia fue posible por una “arquitectura jurídica” promovida desde el Gobierno del Principado para “esquivar la legislación restrictiva” relativa a la extracción de carbón.
Pumares aseguró que, sin ese marco normativo y administrativo, “habría sido imposible que se produjese el accidente de Cerredo”, y subrayó que dicha estructura responde a “decisiones políticas” y no exclusivamente a actuaciones de funcionarios o trabajadores públicos.
El dirigente de FORO Asturias explicó que las alegaciones de su grupo buscan delimitar correctamente las responsabilidades conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre comisiones de investigación, pero insistiendo en que también deben analizarse las actuaciones de personal técnico y funcionarios vinculados al caso.
Asimismo, reclamó que el dictamen haga una referencia “más concreta” al desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera, señalando directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, como responsable político del decreto firmado en 2019 que, según insistió Pumares, debilitó los controles de seguridad minera. El diputado forista sostuvo que la combinación entre esa “arquitectura jurídica” y el debilitamiento de los mecanismos de control acabó desembocando en el “dramático y trágico accidente”.
En relación con las ayudas a las víctimas y sus familias, el portavoz forista criticó que el Gobierno autonómico esté “entrando en un pantano jurídico” para evitar reconocer su responsabilidad patrimonial. Según indicó, si el Ejecutivo asumiera esa responsabilidad, sería “mucho más sencillo” articular y agilizar las ayudas económicas. Además, mostró dudas sobre la propuesta legislativa impulsada por el gobierno de Barbón, afirmando que “ni ellos mismos la tienen clara”, y reprochó los cambios de criterio producidos en los últimos días sobre la viabilidad jurídica de las compensaciones.
Finalmente, Pumares expresó su confianza en que una de las conclusiones del dictamen que pueda salir adelante por mayoría sea precisamente el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la administración autonómica en el accidente de Cerredo.
