“Nos sumamos a la finalidad de favorecer la independencia y la despolitización de la justicia, promoviendo la democratización y elección directa de los miembros del Consejo General”
“Debe eliminarse el monopolio partidista que asfixia un espacio institucional clave para España como es el órgano de gobierno de los jueces, su Consejo General, garante de su independencia de los jueces y la de los tribunales”
“El régimen de nombramientos de los altos cargos judiciales ha creado entre la propia judicatura una sensación de que no es posible alcanzar ciertas cotas del escalafón si no existe una previa adscripción a una de las corrientes o asociaciones profesionales”
“El lamentable fenómeno de las “puertas giratorias” también se da en el Ministerio Fiscal, por lo que sería oportuno, pertinente y de incuestionable necesidad, que se promuevan disposiciones similares para modificar su Estatuto Orgánico”
22 de septiembre de 2020 (Madrid).- El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, intervino hoy en el Congreso de los Diputados durante el debate de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial.
En su intervención, Oblanca exigió una “judicatura independiente, en la que el Consejo General sea el verdadero órgano de autogobierno”, y criticó la “politización paralela en el régimen de nombramientos de los altos cargos judiciales” que ha creado entre la propia judicatura “una sensación de que no es posible alcanzar ciertas cotas del escalafón si no existe una previa adscripción a una de las corrientes o asociaciones profesionales. Es decir, dejando relegados otros tipos de criterios como son los de mérito y capacidad”.
Oblanca justificó su voto favorable a la modificación indicando su deseo de conseguir “la independencia y la despolitización de la justicia, promoviendo la democratización y elección directa de los miembros del Consejo General”, y recordó que “en la designación de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y seis suplentes celebrada en una sesión plenaria convocada expresamente a finales de noviembre de 2013 solo para ese asunto, yo fui el único senador que intervino ante la Cámara Alta para posicionarse en contra del sistema para la renovación del séptimo Consejo del Poder Judicial, aún vigente”.
El diputado de FORO continuó indicando su preocupación por las “puertas giratorias”, presentes también en el Ministerio Fiscal, y pidió “que se promuevan disposiciones similares para modificar su Estatuto Orgánico”, recordando que el garante de la independencia de los jueces y tribunales, el Consejo General, debe ser independiente de “un monopolio partidista que lo asfixia”.
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO ISIDRO MARTÍNEZ OBLANCA CON OCASIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA 122/000034 DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.
«Muchas gracias, señora presidenta:
El texto de la Toma en Consideración que realiza el Grupo Parlamentario Ciudadanos en torno a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, relativa al Poder Judicial, y el refuerzo de la independencia de los jueces, comienza su exposición de motivos recordando que
“A los efectos de garantizar la independencia del poder judicial, la Constitución dispuso en su artículo 122 la creación de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial, (…)”,
Sin embargo, aunque esta pudiera ser su finalidad primigenia, lo cierto es que su configuración y dinámica en sus siete lustros de singladura de la Ley, parecen más destinados a lo contrario, es decir, a politizar la Justicia a través del nombramiento de sus miembros por parte de las Cortes Generales y de sus dos cámaras legislativas, el Senado y este Congreso al que me dirijo esta tarde.
A ello ha contribuido, sin duda, la creciente politización de las asociaciones judiciales, especialmente por la correspondencia de las dos principales con los dos partidos políticos que han venido siendo tradicionalmente mayoritarios en nuestra democracia. Una politización paralela a la amplia discrecionalidad en el régimen de nombramientos de los altos cargos judiciales que ha creado entre la propia judicatura una sensación de que no es posible alcanzar ciertas cotas del escalafón si no existe una previa adscripción a una de las corrientes o asociaciones profesionales. Es decir, dejando relegados otros tipos de criterios como son los de mérito y capacidad.
Por ello y con carácter general, el contenido que incorpora la proposición de Ley me parece adecuado y plausibles las modificaciones que propone, al responder efectivamente a la finalidad de favorecer la independencia y la despolitización de la justicia, promoviendo la democratización y elección directa de los miembros del Consejo y acercándonos a la definición teórica del Consejo General como verdadero órgano de autogobierno de la judicatura, una judicatura independiente.
Señorías,
Actúo en coherencia con la posición que FORO ha mantenido en este asunto, específicamente reflejado en su programa electoral y, en este sentido, quiero recordar que fui el único senador, el único, que en la designación de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y seis suplentes celebrada en una sesión plenaria convocada expresamente a finales de noviembre de 2013 solo para ese asunto, intervino ante la Cámara Alta para posicionarse en contra del sistema para la renovación del séptimo Consejo del Poder Judicial, aún vigente.
El Diario de Sesiones recoge de forma fidedigna, como siempre, los argumentos muy críticos con el Gobierno del Partido Popular que utilicé en aquella sesión y que continúan siendo perfectamente válidos siete años después -y fui, muy crítico, de modo singular, con el entonces ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón que en menos de un año -y con una holgada mayoría de respaldo parlamentario en las Cortes Generales, cambió radicalmente de posición y se desdijo de los inequívocos compromisos adquiridos al comienzo de la X Legislatura con ocasión de sus comparecencias ante las respectivas Comisiones de Justicia de ambas Cámaras para exponer los objetivos gubernamentales para aquel mandato. También en la elección del cupo de vocales para el Consejo General celebrada aquí en el Congreso, mi antecesor el diputado Alvarez Sostres intervino para rechazar de forma concluyente este sistema de elección que nuevamente se quiere perpetrar, en esta ocasión de la mano del Gobierno de Coalición.
De ahí que hoy cabe reconocer el acierto del Partido Popular en su negativa actual a los inaceptables enjuagues y peligrosos señuelos que le tiende el Gobierno de Coalición PSOE-Podemos. Y les alerto para que no caigan en la trampa de quienes quieren ir al copo y sin miramientos en el control de las instituciones; el PP tiene un Currículum en defensa de la independencia del Poder Judicial que se remonta a los albores de la democracia por lo que les animo a que no renuncien a su inequívoca aspiración de aplicar ejemplarmente la democracia en la composición de un Consejo General que debe ser designado por los propios jueces y magistrados habida cuenta de la separación que tiene que existir entre el Poder Judicial y el resto de poderes.
Para quienes creemos en la Constitución, no cabe desdeñar la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que es palmaria para justificar la necesidad de avanzar hacia un sistema estrictamente constitucional en el que se recuperen los consensos y la moderación, y se elimine el monopolio partidista que asfixia un espacio institucional clave para España como es el órgano de gobierno de los jueves, el Consejo General, garante de la independencia de los jueces y de los tribunales respecto al resto de los poderes públicos.
Finalmente, quiero señalar que quizás hubiera sido una buena oportunidad para dotar de rango legal, y sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, de una mayor concreción y detalle de los criterios principales por los que se ha de juzgar el desempeño y/o baremación en los concursos para la provisión de plazas y especialmente en el nombramiento de ciertos cargos en los tribunales de más alto rango. Y ello porque de otro modo, las loables intenciones de la proposición de ley podrán tornarse inútiles a tenor de las dinámicas acumuladas en las últimas décadas, y que pueden verse amparadas en la práctica, por el amplio margen de acción del que dota a los órganos decisorios la denominada “discrecionalidad técnica”.
Por último, resulta oportuno recordar por ser una cuestión de la más reciente actualidad, que el lamentable fenómeno de las “puertas giratorias”, a que hace mención la proposición de ley y que se pretende evitar en el ámbito judicial a través de algunas de las previsiones que incorpora, también se da en el Ministerio Fiscal, por lo que sería oportuno, pertinente y de incuestionable necesidad, que se promuevan disposiciones similares para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Mi voto, en definitiva, será favorable a esta Toma en Consideración, aunque, a la vista de cómo se está manejando el Gobierno de Pedro Sánchez, en su decidido afán de manejar las instituciones y, específicamente, las relacionadas con la Justicia, solo cabe augurar el rechazo parlamentario de la mayoría que sostiene el Gobierno a los planteamientos y medidas que se contienen en el artículo único, la disposición derogatoria y las dos disposiciones finales.
Muchas gracias».