El anuncio del gobierno municipal sobre realizar ‘informes económicos’ para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en virtud de dar cumplimiento a la insuficiencia del análisis económico por el que se anuló la Ordenanza de Movilidad (OM), evidencia el profundo desconocimiento en la materia del concejal de Movilidad, quien confunde ‘recurrir’ con ‘subsanar’.
El Tribunal Supremo, en los recursos de casación, no acepta nuevas pruebas y menos unas realizadas a medida en base a la sentencia que anula la OM. Debemos recordar que en los recursos de casación solamente se revisa la interpretación del Derecho, dejando intactos los hechos (la memoria económica).
Además, este anuncio vuelve a incidir en la tergiversación constante que, en materia de movilidad, se hace desde el gobierno, que intencionadamente confunde ZBE con la OM. La OM es una norma que regula todas las formas de movilidad en un municipio y que, en el caso de Gijón, incluye las prohibiciones generales a vehículos sin distintivo. Por su parte, las ZBE son pequeñas zonas de acceso, circulación y estacionamiento regulados en supuestos concretos. Por ejemplo, la regulación de Cimavilla. Estas pueden venir reguladas dentro de la OM o no, pero no son lo mismo.
El RD 1052/2022 por el que se regulan las ZBE determina que estas tienen que estar en marcha en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de julio de 2024, pero ninguna ley en vigor obliga a que se desarrolle una nueva OM y menos a que esta contenga prohibiciones generales como incluía la anulada.
Tratar de desarrollar las ZBE en base a una OM anulada es una nueva huida hacia adelante del gobierno municipal y, aparte del riesgo económico por las sanciones que se anularán, pone en riesgo el cumplimiento de la Ley, ya que cuando la anulación sea firme tanto las prohibiciones generales como las específicas (ZBE) desaparecerán.
Por ello, el gobierno debería olvidarse del recurso e iniciar los trámites para que la siguiente corporación pueda realizar una nueva OM adaptada a la legislación vigente, sin prohibiciones generales.
La UE solo prohíbe la venta de vehículos a combustión a partir de 2035, pero no la circulación y el estacionamiento de los comprados con anterioridad y esa debe ser la base de la nueva OM. Eso fue lo que le pedimos al gobierno en 2020, que los vehículos ya comprados, que pasan la ITV y pagan ‘la viñeta’ mantuviesen sus derechos intactos. No nos hicieron caso y este ha sido el resultado.