Propone reforzar equipos, fijar plazos máximos y establecer un sistema de seguimiento transparente para garantizar que el sistema esté al servicio de quienes más lo necesitan
2025.09.18 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, ha preguntado a la Consejera de Salud en Comisión sobre qué actuaciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para simplificar y agilizar los trámites en la valoración de la discapacidad.
Tras destacar que “este procedimiento no es un trámite cualquiera: es la puerta de acceso a derechos y prestaciones básicas que pueden marcar la diferencia en la vida de una persona y su familia”, el portavoz forista denunció que actualmente “no solo hablamos de retrasos inadmisibles, sino también de resoluciones que los ciudadanos perciben como arbitrarias, con informes que no reflejan su situación real, obligándoles a gastar dinero para defender derechos básicos”. “Los ciudadanos no pueden seguir soportando tiempos de espera y trámites interminables para obtener lo que les corresponde por ley”, añadió Pumares, tras poner de manifiesto el caso de una persona que, tras solicitar en 2022 la valoración de la discapacidad y aportar durante tres años toda la documentación requerida, recibió una resolución sin revisiones efectivas, que incluso omitía la enfermedad principal. Además, el procedimiento le obliga a gastar a este usuario más de 600 euros en peritajes externos para poder recurrir. “Y esto no es un caso aislado”, advirtió el portavoz de FORO Asturias.
El parlamentario de FORO Asturias en la Junta General considera inaceptable que “los solicitantes tengan que esperar años para obtener una resolución y, cuando esta llega, no recoja fielmente su situación real. “Cumplir con la ley y con los ciudadanos significa garantizar una atención ágil, rigurosa y transparente, y en Asturias eso hoy no sucede”, subrayó Pumares.
Para subsanar esta situación, el portavoz forista reclamó al Gobierno del Principado una reforma profunda en la gestión de las valoraciones de discapacidad, que incluya el refuerzo de las plantillas y mejora de la formación de los equipos de valoración para asegurar resoluciones rápidas y rigurosas; establecer un sistema de seguimiento transparente, que permita a cada solicitante conocer en tiempo real el estado de su expediente; y garantizar que las resoluciones reflejen con exactitud todas las enfermedades y circunstancias alegadas, evitando errores que luego obligan a recurrir.
“Poner el sistema al servicio de quienes más lo necesitan no es una opción, es una obligación”, concluyó Pumares, tras apelar a la Consejera Concepción Saavedra a pasar de las declaraciones de intenciones a los hechos.