“Cabría exigir que determinados ámbitos y objetivos, como los relativos al medio rural y al combate contra la despoblación, fueran objeto de medidas de mecenazgo”
“Debemos replantear un sistema que, con la crisis que estamos viviendo, va a repercutir muy negativamente en el ámbito empresarial con los consiguientes impactos en el mecenazgo y en el patrocinio, que ya están siendo devastadores”
“En 2015 la Comisión Europea advirtió de la necesidad de adaptar nuestra fiscalidad en torno a los ingresos obtenidos por entidades extranjeras sin fines lucrativos y a las contribuciones realizadas a ese tipo de entidades”
18.03.2021 (Madrid).- El diputado nacional de FORO Asturias, Isidro Martínez Oblanca, intervino esta semana ante el Pleno del Congreso de los Diputados durante la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo propuesta por el Grupo Parlamentario Plural.
Durante su intervención, Oblanca manifestó el sentido negativo de su voto y dijo “cabría exigir que determinados ámbitos y objetivos, como los relativos al medio rural y al combate contra la despoblación, fueran objeto de medidas de mecenazgo”.
El diputado nacional de FORO Asturias criticó que “la Ley vigente no sea de mecenazgo, por mucho que lo lleve en su título, o al menos no en el sentido en que se aplica en otros países de Europa y del mundo homólogos a España”, y dijo “debemos replantear un sistema que, con la crisis que estamos viviendo, va a repercutir muy negativamente en el ámbito empresarial con los consiguientes impactos en el mecenazgo y en el patrocinio, que ya están siendo devastadores”.
Oblanca finalizó su intervención indicando que “en 2015 la Comisión Europea advirtió de la necesidad de adaptar nuestra fiscalidad en torno a los ingresos obtenidos por entidades extranjeras sin fines lucrativos y a las contribuciones realizadas a ese tipo de entidades”.
Para el diputado de FORO “a los asturianos, que estamos escaldados de la altísima presión impositiva producto de décadas de gobiernos socialistas, solo nos faltaba atribuirles más capacidad competencial para estrujar al contribuyente con una Ley de Mecenazgo a la catalana”.
INTERVENCIÓN ÍNTEGRA DEL DIPUTADO DE FORO, ISIDRO MARTÍNEZ OBLANCA, DURANTE TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO PROPUESTA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL:
“Muchas gracias, señora presidenta.
La cuestión de fondo que se plantea con esta propuesta es que España carece de una Ley específica de mecenazgo y urge disponer de ella, más aún si cabe ante la necesidad de incentivar los apoyos privados en beneficio de la sociedad. Lo que tenemos ahora vigente es un sucedáneo legislativo con el que se facilitó a principios de este siglo la colaboración entre el sector público y el privado con objeto de estimular iniciativas que apoyasen las actividades en diferentes ámbitos. Pero esta normativa aún vigente y tibiamente reformada, se ciñe a cuestiones muy centradas en la fiscalidad con las que se trataba de mejorar otra ley anterior, aprobada una década antes, la 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, con la que se pretendía aumentar significativamente los estímulos fiscales a la colaboración privada.
Con tal precedente, el gobierno presidido por José María Aznar, promulgó la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que obtuvo un amplio respaldo parlamentario en las Cortes Generales, en su tramitación tanto aquí en el Congreso como en el Senado. En 2016 se produjo una modificación para fomentar el denominado “micromecenazgo”, pero España continúa precisando de un impulso legislativo definido en torno al mecenazgo que, además, se sume al esfuerzo autonómico en esta misma materia que ya dispone de regulación, caso de las Comunidades del País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha e Islas Baleares.
Señorías, sin duda, la propuesta del Pdcat que ha defendido el diputado Miquel Valentí, podría ser una buena ocasión para mejorar esta asignatura pendiente, y su Proposición de Ley amplía las condiciones de patrocinio y mecenazgo en un momento socioeconómico que, como todos Vds. saben, resulta de enorme complejidad y que se prolongará durante mucho tiempo -hablamos de años- como secuela de la pandemia del COVID-19.
Asimismo, esta iniciativa parlamentaria también podría ser una oportunidad para afrontar los cambios que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en sus primeros meses, incluso convocando comisiones interministeriales, pero que se quedaron en la nevera antes de la pandemia y, ahora, el triple parapeto del coronavirus, de la ministra de Hacienda y de las prioridades para atender la emergencia sanitaria, harán imposible que el Gobierno traiga a las Cortes la ley que comprometió para fomentar los proyectos de financiación público-privada.
La ley vigente, conviene insistir en ello, no es exactamente de mecenazgo, por mucho que lo lleve en su título. Al menos no en el sentido con el que se aplica en otros países de Europa y del mundo homólogos a España. Nuestra normativa vigente es de índole fiscal porque trata de flexibilizar requisitos e incentivar la colaboración privada con actividades y tareas de indudable interés público a través de entidades sin ánimo de lucro de índole académica, universitaria, fundacional, científica, federativa, sanitaria, solidaria, medioambiental, cultural, deportiva, etc. que proporcionan a la sociedad -y esto hay que tenerlo muy presente y subrayarlo- un importante valor añadido que, de otra forma, ante la limitación de los presupuestos generales del estado, sería imposible llevar a cabo. Incluso cabría exigir que determinados ámbitos y objetivos, como son los relativos al medio rural y al combate contra su despoblación, también sean objeto de medidas de mecenazgo y, de hecho, el Senado ya ha instado recientemente al Gobierno en este sentido. Para Asturias, esta es una cuestión de extraordinaria importancia.
Partimos de una situación muy complicada, con el lastre que supuso las diferentes crisis que hemos sufrido en los últimos quince años y los obligados recortes de gasto público a los que nuestras Administraciones fueron abocadas de forma singular tras la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución Española, en septiembre de 2011, que han ido alejando las disponibilidades presupuestarias y descompensando paulatinamente el indudable y necesario esfuerzo de amparo privado.
En el pasado ejercicio 2020, primer año de la pandemia que trastocó nuestras vidas, la prolífica, excesiva y a menudo errática producción legislativa del Consejo de Ministros trató de paliar los efectos de la emergencia sanitaria con unas medidas iniciales de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 que se plasmaron en el Real decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, y que fueron complementadas posteriormente con otras normativas de urgencia ante lo insuficiente de los primeros apoyos, que no solamente fueron escasos sino que pusieron en evidencia la necesidad de reformas de mucho mayor calado. Esta de hoy va en esa línea reformista, pero sucumbe cuando plantea cuestiones que refuerzan la capacidad competencial de las Comunidades Autónomas que inciden en materia fiscal y en aspectos recaudatorios que corresponden al estado. Para los asturianos, que estamos escaldados de la altísima presión impositiva producto de décadas de gobiernos socialistas, solo nos faltaba atribuirles más capacidad de estrujar al contribuyente a cuenta de una Ley de Mecenazgo con las características que propone el PDCAT.
Tendremos que continuar a la espera de tener una nueva Ley porque la colosal crisis que estamos viviendo, va a repercutir muy negativamente en el ámbito empresarial con los consiguientes impactos en el mecenazgo y en el patrocinio que ya están siendo devastadores. No podemos perder de vista que en España son del orden de 275.000 las entidades no lucrativas, y todos los estudios e informes realizados en estos últimos meses auguran grandes dificultades para un alto porcentaje de ellas con su consiguiente repercusión en términos de empleo, además de la merma social que supondrá el inevitable recorte en sus actividades y la cancelación de sus actuaciones ordinarias.
Como seguimos ante una necesidad perentoria reclamo del Gobierno el cumplimiento de su compromiso y para tratar de que España no permanezca descolgada de los impulsos al mecenazgo que están vigentes en la Unión Europea, una situación en la nuestro país ha sido advertido hasta el punto de que en el mes de noviembre de 2015 la Comisión Europea advirtió de la necesidad de adaptar nuestra legislación y su correspondiente reglamento de desarrollo, para homogeneizar la fiscalidad en torno a los ingresos obtenidos por entidades extranjeras sin fines lucrativos y a las contribuciones realizadas a ese tipo de entidades.
En definitiva, discrepo de esta Proposición de Ley pero continuamos pensando desde FORO que es conveniente reforzar legislativamente cuanto antes, las herramientas en las que ya se basan los recursos de supervivencia del tercer sector y que también afecta al micromecenazgo o «crowdfunding» para tratar de captar la participación ciudadana en proyectos asociativos de interés general.
Votaré en contra de la toma en consideración.
Muchas gracias, señora presidenta”.