“Las previsiones de crecimiento de la economía española, de ingresos y de evolución de la deuda han sido desacreditadas por las realizadas por todos organismos nacionales, europeos e internacionales más solventes”
“El Gobierno nunca intentó buscar un amplio acuerdo político ‘de país‘ que respaldase la propuesta de cuentas públicas para el año 2021 sino garantizarse el apoyo de los Grupos políticos que apoyaron la investidura de Sánchez”
“El proyecto de ley de PGE 2021 supone otra gran involución para Asturias y está elaborado con cesiones que acentúan la desigualdad y la discriminación entre españoles”
“Los PGE 2021 condenan otro año a que se acumulen grandes retrasos y paralizaciones en obras y proyectos imprescindibles que hunden a Asturias a la cola de España”
«Las inversiones en la Variante de Pajares, las Cercanías Ferroviarias, el Plan de Vías de Gijón, la autovía del suroccidente Salas-La Espina, La Ronda Norte de Oviedo, los enlaces viarios de El Musel y Avilés, y el Corredor Atlántico vuelven a quedar relegadas»
6 de noviembre de 2020 (Madrid).- El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, presentó este mediodía en el registro del Congreso una enmienda de totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE 2021).
“Los PGE 2021 de Pedro Sánchez no son un instrumento al servicio de todos los españoles para impulsar la recuperación y el empleo, sino un repertorio de concesiones a republicanos e independentistas”, afirmó el diputado asturiano que considera que “las previsiones de crecimiento de la economía española, de ingresos y de evolución de la deuda han sido desacreditadas por las realizadas por todos organismos nacionales, europeos e internacionales más solventes”.
Oblanca reprocha al Gobierno que “no haya intentado buscar un amplio acuerdo político “de país” que respaldase la propuesta de cuentas públicas para el año 2021 sino garantizarse el apoyo de los Grupos políticos que apoyaron la investidura de Sánchez”.
En clave asturiana, el diputado de FORO subrayó que “el proyecto de ley de PGE 2021 supone otra gran involución para Asturias y está elaborado con cesiones que acentúan la desigualdad y la discriminación entre españoles”. “Los PGE 2021 condenan otro año a que se acumulen grandes retrasos y paralizaciones en obras y proyectos imprescindibles que hunden a Asturias a la cola de España. Las inversiones en la Variante de Pajares, las Cercanías Ferroviarias, el Plan de Vías de Gijón, la autovía del suroccidente Salas-La Espina, La Ronda Norte de Oviedo, los enlaces viarios de El Musel y Avilés, y el Corredor Atlántico vuelven a quedar relegadas”.
Texto íntegro de la enmienda a la totalidad registrada por el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Isidro Manuel Martínez Oblanca, diputado de Foro, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política de propaganda que viene impregnando la labor del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos desde su formación en los primeros días de 2020, junto con la manipulación de los datos y la negación de las previsiones económicas realizadas por organismos nacionales, europeos e internacionales, son algunas de las principales características que adornan el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE 2021) que tuvo su entrada en las Cortes Generales el 28 de octubre de 2020.
En plena segunda oleada de la pandemia del Covid-19, con gran parte del territorio nacional azotado por los gravísimos efectos del coronavirus, los hospitales desbordados, un alto riesgo de colapso en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y el personal sanitario desprotegido, agotado y sin relevo, la aprobación del estado de alarma -vulnerando, a mi juicio, la Constitución Española- se acompaña de una crisis que afecta muy negativamente a prácticamente todos los sectores económicos y sociales, tal y como reflejan los indicadores oficiales, y como vaticinan para los próximos dos años algunos organismos nacionales e internacionales.
Sin embargo, en tan crítico contexto para España, el Gobierno sigue a lo suyo, a la propaganda, porque, tanto en su actividad como en su proyecto presupuestario, viene tratando de restar importancia a los brutales efectos negativos que ya han sacudido nuestra economía y los que se derivarán de las imprescindibles medidas para combatir las sucesivas oleadas del contagio que continuarán incidiendo en su conjunto. De hecho, a mediados del mes de junio, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, doña Nadia Calviño, consideró, en sede parlamentaria, que la fase de recuperación de la economía ya se había iniciado insistiendo en la previsión del Gobierno de que el Producto Interior Bruto (PIB) crecería el 6,8% en 2021 y que habría una caída intensa de la actividad este año, una recuperación en la segunda mitad y un crecimiento intenso el año próximo, señalando, además, un cambio de tendencia que, según la principal responsable económica del Ejecutivo, se había demostrado con la creación de empleo a partir del fin de la hibernación de la economía y de las medidas de confinamiento.
“Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado”, afirmó la vicepresidenta tercera ante el Pleno del Congreso de los Diputados. “Ahora bien, la recuperación no depende solamente de lo que hagamos a partir de ahora; la recuperación depende de lo que hicimos desde el primer día de la pandemia, cuando ya pusimos en marcha un primer paquete de medidas económicas y sociales que se ha visto acompañado semana tras semana de un conjunto de medidas tremendamente importantes y tremendamente eficaces, como se está demostrando con la protección de nuestro tejido productivo, la protección de nuestro empleo y, por tanto, la protección de una base suficiente para poder tener esa recuperación robusta, inclusiva y sostenible que todos deseamos” (Diario de Sesiones; Sesión de control al Gobierno, 17 de junio de 2020).
Mas recientemente, el 8 de septiembre, tras reconocer la vicepresidenta titular del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital que “las previsiones económicas son casi misión imposible”, añadió que “los indicadores apuntan a que hubo un punto de inflexión en mayo, de modo que la economía española ha pasado a una fase de reactivación”, y reiteró que “las previsiones del Gobierno apuntan a que el PIB crecerá por encima del 10 % ya en el tercer trimestre”.
Sin embargo, en un informe de perspectivas de otoño fechado hace tres semanas, a mediados del mes de octubre, en vísperas de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de PGE 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) atribuyó a España “la peor evolución de las grandes economías avanzadas en 2020” y, al igual que había hecho en el mes de junio, mantuvo una previsión de caída del producto interior bruto (PIB) del 12,8% lo que supondría una gran contracción, superior en 1,6 puntos al -11,2% que contempla el Gobierno, mucho mayor que la que se pronostica para el resto de la Unión Europea y de otros países del mundo homólogos a España.
Con la atención prioritaria a la salud pública, las últimas decisiones conocidas sobre nuevos confinamientos y el paulatino cierre de sectores económicos que ya se está produciendo, incidirán muy negativamente sobre la actividad económica y, con toda probabilidad, desbordarán las previsiones más relevantes del Gobierno sobre las que está basado el proyecto de PGE 2021, incluidas también las relativas al déficit público.
El apoyo de la mayoría de la investidura
“Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 están llamados a cambiar el rumbo de España. Son los Presupuestos de la Transformación”, proclama el Gobierno en las primeras palabras del texto de presentación elaborado por el Ministerio de Hacienda, organismo autor de la publicación. Lo afirma un Ejecutivo que solo se ha decidido a aprobar este proyecto de cuentas públicas cuando se ha garantizado el apoyo de la mayoría parlamentaria que facilitó su investidura, incluidos los Grupos políticos que tienen como decidida voluntad la de cambiar el rumbo de España… pero fragmentándola.
La precipitada tramitación en el Congreso del proyecto de Ley no tiene precedentes en la historia democrática y el Gobierno pretende que se despache contra-reloj, en tiempo récord y, en todo caso, atropelladamente. Baste decir durante que los días 4, 5 y 6 de noviembre, es decir, en solo tres días y, además, consecutivos, han comparecido 91 miembros del gobierno y otras autoridades (36+34+21) en sesiones maratonianas simultáneas para explicar ante diversas Comisiones las correspondientes partidas de sus respectivos departamentos, organismos e instituciones. Una vez más a lo largo de la actual XIV Legislatura, el Ejecutivo entorpece la labor del Legislativo y trata de condicionar su actividad.
El proyecto de ley presupuestaria pretende poner fin a las sucesivas prórrogas derivadas de la incapacidad de aprobar su propio proyecto de cuentas públicas. En 2019 porque el proyecto presupuestario fue rechazado por la mayoría del Congreso, lo que abocó al Gobierno de entonces -también presidido por el señor Sánchez Pérez-Castejón- a convocar Elecciones Generales que, una vez celebradas, tuvieron que repetirse tras la fallida XIII Legislatura que apenas duro un semestre. En 2020 por las limitaciones derivadas de la pandemia y la prioridad de atender la emergencia sanitaria desde mediados de marzo tras haber despreciado, en las primeras semanas del año, las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e ignorado la calamidad sanitaria que ya asolaba varios países del mundo, entre ellos Italia.
A la manifiesta anomalía que ha supuesto gobernar dos ejercicios completos con presupuestos prorrogados, hay que añadir que las cuentas públicas vigentes desde 2018 fueron aprobadas con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista. Sólo unos días después se sustanció una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy que salió adelante con los votos favorables y decisivos de grupos parlamentarios independentistas y antisistema, entre otros, y que otorgó la presidencia al señor Sánchez Pérez-Castejón que, entonces, no era diputado.
La exclusión de la oposición
Las graves condicionantes actuales y el desplome económico que acompañan el proyecto de PGE 2021 repercuten tanto en ingresos como en gasto público. En este sentido, el esfuerzo del Gobierno debería ir encaminado a compensar la actividad económica, evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo, y reforzar la atención a los servicios sociales. Sin embargo, el Gobierno no ha tratado de buscar un amplio acuerdo político “de país” que respaldase la propuesta de cuentas públicas para el año 2021.
El desarrollo de los trabajos y las reuniones parlamentarias en la denominada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, disuelta a finales de julio tras casi tres meses de actividad, ya anticipaba la escasa voluntad de alcanzar grandes acuerdos y eso que desde el Gobierno se llegó a plantearla inicialmente como emulación de los Pactos de La Moncloa (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) suscritos ampliamente en 1977 por partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales. El 12 de abril, el propio presidente del Gobierno, en una de sus numerosas y prolijas alocuciones en plena pandemia, había anunciado unos «nuevos Pactos de la Moncloa» de los que nunca más se supo. Siempre la propaganda.
Como respuesta para afrontar la gravísima crisis derivada de la pandemia del coronavirus, las cuentas públicas para 2021 son de tan extraordinaria importancia que el Gobierno debería haberse aplicado a conseguir el máximo apoyo político para su aprobación como corresponde a un presupuesto de emergencia que trata de atender a una gravísima situación de la que España aún no ha salido y que, desgraciadamente, tiene visos de prolongarse durante varios meses más. Sin embargo, el Gobierno ni siquiera lo ha intentado. Al revés: excluyó a las formaciones parlamentarias y diputados de la oposición, y volvió a dar protagonismo y participación a las que sustentaron la investidura; incluso el debate y aprobación de la última prórroga del estado de alarma (Pleno del Congreso del 25 de octubre de 2020) ya estuvo trufado de reuniones previas con las negociaciones de los flecos presupuestarios de fondo. De esta manera, se descabalgó a una parte sustancial de la representación democrática, despreciando el modelo conciliador que se recomendó en la Unión Europea, y haciendo primar lo ideológico para reforzar el acuerdo de los partidos que respaldan a la coalición de gobierno PSOE-Podemos y sus baluartes.
El empleo y los recortes en sanidad
Además de la salud, la gran prioridad para los españoles es el empleo. Los últimos datos conocidos a principios de este mes de noviembre de 2020 revelan que el paro subió en octubre hasta los 3,8 millones lo que supone 600.000 parados más que antes de la crisis derivada de la pandemia. De hecho, desde el contagio por coronavirus se han destruido casi 260.000 empleos en España.
La gestión de la crisis sanitaria -la peor gestión de la Unión Europea y de las peores del mundo- no solo ha tenido nefastas consecuencias sanitarias, que también. Los efectos para nuestro mercado laboral han sido lamentables y se están agudizando nuevamente con una segunda oleada del contagio a la que el gobierno restó inicialmente importancia y para la que no fueron tomadas las previsiones adecuadas. Las UCIs y los hospitales de algunas Comunidades Autónomas -caso significativo de Asturias, a la que la propaganda atribuyó en la primera oleada una “gestión milagrosa”- están ahora colapsados poniendo en absoluta evidencia la imprevisión para dotar de plantillas y medios con los que afrontar en las mejores condiciones la segunda oleada de la pandemia, atender a los enfermos. De hecho, en plena segunda ola, los datos oficiales de la EPA desvelan que en septiembre y octubre en el sector de Sanidad y Servicios Sociales se han destruido 17.548 empleos (-1.979 y -15.569 respectivamente), según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Algo incomprensible e inadmisible cuando estamos en plena batalla contra el Covid-19 y justamente en el periodo en el que deberían aumentar las plantillas sanitarias ante el altísimo grado de contagio del virus.
El Gobierno también debería haberse volcado para evitar nuevas paralizaciones en los sectores productivos. La derivada económica de esta situación está resultando lacerante y no pocos establecimientos hosteleros, comercios y pequeñas y medianas empresas se verán obligados -entre otros sectores relevantes y significativos- a cierres definitivos tras las medidas de restricción y toques de queda que ya se están aplicando y extendiendo.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tachó de irreal el proyecto de PGE 2021: «España no va a crecer un 9% en 2021 con un déficit del 7%», resumió su máximo responsable.
También Bruselas empeoró ayer, 5 de noviembre, sus previsiones de desplome del PIB de España al 12,4% en 2020 por la segunda ola del coronavirus, lo que fue respondido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, don José Luis Escrivá, señalando que las previsiones “se han quedado desfasadas al no recoger los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del PIB del tercer trimestre, mucho mejores de los previstos”.
El mismo ministro también aprovechó la reflexión pública sobre Bruselas para recriminar la comparecencia del Gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en la que, el día anterior y ante los representantes parlamentarios, había expuesto que no ve creíbles ni ingresos, ni gastos, ni previsiones en el proyecto de PGE 2021 y advertía de claros riesgos de desvío al alza del déficit y la deuda en 2021. «Cuando el gobernador del Banco de España va al Parlamento lo que nos interesa saber es qué va a pasar con la política monetaria, la macroprudencial, qué va a pasar con los bancos, cuáles son las previsiones de inflación (…) Me hubiera interesado más oír eso», reprochó el ministro Escrivá obviando que la comparecencia del máximo responsable del Banco de España había sido solicitada, precisamente, para hablar del proyecto de presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros y presentado en las Cortes Generales.
A mayor abundamiento sobre la pírrica credibilidad de las previsiones del Gobierno para elaborar los PGE 2021, también la Autoridad Fiscal (Airef) discrepó de las previsiones de PIB y déficit del Ejecutivo. Su responsable destacó, también en sede parlamentaria, que la previsión de ingresos para 2021 estimada por la Airef está en el 42,5% del PIB, es decir, siete décimas menos que el Gobierno lo que se traduce en unos 9.067 millones de euros de desfase en las estimaciones (hasta 18.400 millones en el escenario pesimista), que tiene también su consecuencia en el déficit esperado. La Airef calcula un déficit del 11,6% este año y del 8% el siguiente, frente al 11,3% y 7,7% respectivamente del Gobierno de Pedro Sánchez. Tres décimas de diferencia en cada uno de los años.
El Gobierno debería haberse aplicado a adoptar medidas para evitar la destrucción de empleo, asunto de gran prioridad para los españoles y el proyecto presupuestario está elaborado por los mismos responsables políticos que tan calamitosamente han gestionado la pandemia. ¡Qué puede esperarse!
Las medidas fiscales
La economía española está sufriendo importantísimos daños que son secuela de la crisis de salud que aún se prolonga y que arrastrará a mayores trastornos económicos que no podrán resolverse hasta que no se inicie la recuperación del crecimiento previo a la pandemia.
La riada fiscal que amenaza la economía nacional en los próximos años, que tiene como banderazo de salida el proyecto de PGE 2021, desprecia que la Unión Europea ya haya alertado del gran desequilibrio de nuestras cuentas públicas y del endeudamiento, que nos arrastrará hacia el empobrecimiento, situación que ya sufrimos en España -entonces sin pandemia de por medio- durante el periodo del Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero que llevó a muestro país a un insoportable volumen de gasto público, a un déficit ruinoso, y a la destrucción de más tres millones de puestos de trabajo.
Ahora, esta propuesta de cuentas públicas -que presentaron al alimón el presidente Pedro Sánchez y el copresidente Pablo Iglesias- llevarán a España a un déficit insostenible, lastrado además por el desmoronamiento de la actividad económica y el consiguiente quebranto de la recaudación, tal y como ya se está constatando en el actual ejercicio presupuestario de 2020.
Las medidas fiscales planteadas persiguen una recaudación adicional de 7134 millones de euros, de los cuales el grueso, casi 5000 millones, se ingresará en 2021 y el resto en el ejercicio 2022, cuando se proceda a la liquidación de los tipos impositivos a los que afectarán las nuevas medidas fiscales; eso sin contar los 3000 millones de recaudación derivados de los denominados ingresos no tributarios y que se derivan de tasas y precios públicos. Subirá el gasto un 25% (tras descontar las ayudas europeas) y la riqueza nacional se desplomará tal y como mantiene en sus más recientes previsiones el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las medidas tendrán efectos preocupantes y, como todas las subidas impositivas, repercutirán, sobre todo, en la clase media. Son propuestas de un Gobierno que impone sacrificios a los españoles pero que tiene veintidós ministerios, la composición más nutrida de la democracia, con todo lo que ello supone de gasto para su sostenimiento y el de la estructura creada a su alrededor que ha disparado el número de cargos de confianza, departamentos, organismos, etc.
I.- Ingresos/impuestos
Existe una amplia coincidencia generalizada en que el capítulo de ingresos no es creíble porque parte de un crecimiento de la economía española del 9% que no se va a producir, y el crecimiento del endeudamiento será muy superior al 7%.
Por el contrario, mientras las principales economías de la UE bajan los impuestos, en España suben:
El Impuesto de sociedades a grandes grupos empresariales, limitando exenciones por dividendos y plusvalías por sus participaciones en sociedades filiales.
1 punto el Impuesto del Patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros.
3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros.
2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.
Socimis: tendrán una tributación mínima del 15%.
Se reducirán las desgravaciones a los planes de pensiones privados.
Aumento del IVA del 10% al 21% de bebidas edulcoradas
Creación del impuesto sobre envases de plástico
Tasa Tobin del 0,2 %, que afectará al sector financiero por las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero (intermediarios)
Tasa Google o Impuesto a las grandes empresas de la economía digital.
Es importante insistir en que todas las subidas de impuestos, por mucho que se disfracen de eslóganes sobre “los ricos”, acaban repercutiendo siempre en las economías más débiles.
II.- Gastos
En lugar de dar prioridad a la recuperación económica para superar la crisis dando prioridad al empleo y al apoyo a los sectores de empresas más castigados, a las pymes y a los autónomos, los PGE 2021 ignoran la crisis con guarderías gratis, alquileres para jóvenes y más gastos corrientes improductivos y clientelares.
Desigualdades territoriales
No menos significativo es el Capítulo VI de Inversión que, contrariamente a los mandatos de la Constitución Española, no aborda la corrección de las desigualdades interterritoriales. Inexplicablemente desde el punto de vista de la igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas, Cataluña aumenta la Inversión el 62,96% en Cataluña respecto a los PGE 2018 hasta los 2.200 M€. El proyecto de ley presupuestario para 2021 incumple, por tanto, el Artículo 138 de nuestra Carta Magna que expresamente señala:
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Incumplimientos en las inversiones Asturias
En el Diario de Sesiones que recoge detalladamente el debate de la Moción de Censura de 2018 por la que el señor Sánchez Pérez-Castejón fue investido presidente del Gobierno consta, en contestación del entonces candidato al diputado que subscribe, y en relación con las obras de infraestructuras en fase de ejecución en Asturias, que:
(…) “lógicamente nosotros vamos a respetar la ejecución de las obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras por parte del actual Gobierno; no queda otra, porque evidentemente no son nuestros presupuestos, pero desde luego no vamos a incumplir el acuerdo de esta Cámara”.
Semejante afirmación ha sido incumplida y se han acumulado grandes retrasos y paralizaciones en obras y proyectos imprescindibles para una región que, desde hace años, tiene, con diferencia, los peores datos en la tasa nacional de población activa, es decir, indicador de los españoles que trabajan o que están buscando trabajo.
Algunos de los clamorosos incumplimientos presupuestarios de los Gobiernos presididos por el señor Sánchez Pérez-Castejón con gravísimo perjuicio para Asturias se reflejan expresamente:
• En materia de Alta Velocidad se han relegado el ancho europeo o UIC y despreciado los requisitos de alta velocidad entre Madrid y Asturias, cuyo resultado debería suponer un tiempo de 2 h 30’ en el trayecto Madrid-Oviedo, homologable con el resto de las capitales y principales ciudades de España como Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o Barcelona. Asimismo, se han congelado las anualidades de las inversiones para los tramos Valladolid-León, León-La Robla y La Robla-Pola de Lena para garantizar los tiempos anteriores. Igualmente, el Gobierno ha retirado el acuerdo para acometer los Estudios Informativos de los tramos ferroviarios Pola de Lena / Oviedo / Gijón-Avilés en Asturias, concebidos para mantener la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE, y para combinar su uso con la adecuada red de Cercanías.
• En relación con la red ferroviaria de Cercanías, el Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana ha fulminado el Plan de Cercanías consensuado a finales de 2017 por el entonces Ministerio de Fomento (Partido Popular) y el gobierno del Principado (PSOE), respaldado por ayuntamientos y organizaciones sindicales y empresariales de Asturias. El Plan de Cercanías ferroviarias preveía acometer inversiones por importe de 580,9 millones de euros hasta el año 2025, de los que 338,8 se pretendían destinar a la red de ancho ibérico y los 178,6 restantes a la de ancho métrico (antigua Feve). Entre las principales inversiones que dejaron de acometerse en la red de ancho ibérico figuraban 128,7 millones destinados a renovar y modernizar la infraestructura existente de los que 88,05 millones correspondían a la renovación integral del tramo Pola de Lena-Gijón.
• Una vez más, coincidiendo con la llegada del partido socialista al Gobierno, se ha retrasado el impulso al Plan de vías/Metrotrén de Gijón e incumplido el acuerdo consensuado por las tres administraciones y por los diferentes partidos políticos con representación municipal para ubicar la futura estación intermodal en las proximidades del Museo del Ferrocarril, de tal manera que se pierde la centralidad para la que fue concebido el proyecto que tiene construido en el subsuelo -sin uso y abandonado desde hace años- un túnel de 3,5 Kms con espacio para varias estaciones subterráneas al objeto de aproximar el tren a los ciudadanos y captar usuarios para el ferrocarril. Lejos de cumplir su palabra, el Ejecutivo del señor Sánchez Pérez-Castejón desperdició la dotación de 2 M€ que se contemplaba en los PGE de 2018 con destino al proyecto e inicio de obras de finalización del Túnel y Estaciones del Metrotrén entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, y una vez más, como hizo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, lo ha supeditado al proyecto de prolongación ferroviaria hacia Cabueñes.
• En relación las infraestructuras viarias, el Gobierno socialista y el de Coalición PSOE-Unidas Podemos, no han invertido los 4,5 M € consignados para la autovía A-63 entre Cornellana-Salas-La Espina, obra decisiva para las comunicaciones del suroccidente asturiano.
• En materia portuaria, continúa sin recuperarse para el tráfico marítimo la Autopista del Mar entre el puerto de Gijón-El Musel y el de Saint Nazaire (Francia), u otro alternativo. Asimismo, se han paralizado las obras del tramo Lloreda-Veriña e incumplido sistemáticamente el convenio firmado en 2005 por el Gobierno de España, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel, para dotar de enlaces viarios al puerto gijonés y evitar el paso de tráfico pesado y peligroso por el casco urbano de la ciudad, zona de La Calzada.
• El Gobierno, lejos de presentar y tramitar la Proposición de Ley para modificar la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas, ha acelerado su clausura abocando a centenares de trabajadores al paro, sin alternativa laboral, y arrastrando a las comarcas donde están implantadas las centrales a la desertización.
• El Gobierno tampoco dio autorización a la dotación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, aún vigentes, para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado central de lo Contencioso Administrativo referida a los convenios de los Fondos Mineros.
• El aumento de dotación presupuestaria para el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) en Asturias, clave para el desarrollo rural y para corregir las grandes áreas blancas que no disponen de conexión adecuada para las TIC, se quedó sin uso.
• La convocatoria y ejecución para ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2 ha resultado un fiasco tal y como han denunciado las empresas que, año tras año, producen frente a sus competidores europeos y mundiales con una gran merma competitiva, y pérdida de puestos de trabajo (más de 5.000 en los dos últimos años).
• Tampoco utilizó el Gobierno la dotación asignada al Proyecto de Conservación y Restauración de las pinturas y revestimientos murales de la Iglesia de san Miguel de Lillo con destino a otros proyectos de rehabilitación del prerrománico asturiano.
• No se ha hecho uso de la dotación asignada a la rehabilitación del patrimonio a los proyectos del románico asturiano de los Monasterios de San Antolín de Bedón, en Llanes, y Santa Maria de Obona, en Tineo.
Finalmente, pese a su urgencia y ser materia prioritaria para Asturias, el Gobierno tampoco elaboró un plan para promover la implicación de la Unión Europea en el que se incluyan ayudas para afrontar el gravísimo problema nacional de envejecimiento de la población y crisis demográfica en Asturias – la Comunidad Autónoma con peores indicadores de disminución de la población, caída de la natalidad y envejecimiento – y en España, con recursos para afrontar el problema y, en su caso, participación y colaboración de las Comunidades Autónomas, sin olvidar que los vigentes presupuestos Generales del Estado contemplaban partidas destinadas a Asturias próximas a los 300 millones de euros, para atender a sus necesidades e impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad Autónoma. Quedaron sin uso.
Asturias no cuenta
Al igual que ha venido sucediendo en los pasados ejercicios presupuestarios gestionados por los Gobiernos presididos por el señor Sánchez Pérez-Castejón, el contenido del proyecto de ley de PGE 2021 supone otra gran involución para Asturias y está elaborado con cesiones que acentúan la desigualdad y la discriminación entre españoles, singularmente del Principado respecto de la Generalidad de Cataluña, y que se sustentan con la sustracción de inversiones necesarias para la creación de empleo y el crecimiento de Asturias.
Tal y como se reflejaba en el proyecto presupuestario para 2019 que fue rechazado por el Congreso y devuelto al Gobierno, la desigualdad de las cuentas públicas presentadas ahora, se refleja en diversos aspectos negativos como es el caso de:
• la merma de la financiación autonómica.
• la política paralizadora de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
• los efectos del “radicalismo verde” sobre una industria básica que proporciona miles de puestos de trabajo.
• la descarbonización exprés que ya ha arrastrado al cierre del sector minero, sin alternativa laboral, y también al cierre de las centrales térmicas de generación eléctrica, igualmente sin alternativa laboral.
• la ausencia de política reindustrializadora.
• la pérdida de competitividad como resultado de los altos costes de la electricidad y de otros factores, que arrastra a deslocalizaciones y a destrucción de empleo.
• la desatención ante la reclamación de la deuda histórica que el Estado tiene contraída con la Comunidad Autónoma asturiana.
Al igual que se refirió en la enmienda a la totalidad de las cuentas públicas del pasado ejercicio 2019, hay que partir de la premisa de considerar que unos presupuestos son algo más que una suma de euros, lo mismo que un edificio es algo más que una acumulación de ladrillos. Las cifras de euros son condición necesaria pero no suficiente. A Asturias no le sirve cualquier destino de los euros presupuestados, sino el resultado de su aplicación al fin establecido. Aplicada esta consideración a los presupuestos del Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, mientras las inversiones que figuran en los PGE 2021 no garanticen ancho europeo o UIC y tiempos de línea de alta velocidad entre Madrid y Asturias homologables con el resto de las capitales y principales ciudades de España (2h 30’ entre Madrid y Oviedo), no contarán con el apoyo de FORO.
Estos PGE 2021 no garantizan tiempos de alta velocidad entre Madrid y Asturias porque 2 h 56’ a Oviedo y 3 h 21’ a Gijón son de una línea de baja velocidad no homologable con los de Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o Barcelona.
La red española de alta velocidad ofrece hoy estos datos:
Madrid-Zaragoza (274 km) 1 h 15’
Madrid-Valencia (370 km) 1 h 40’.
Madrid-Alicante (400 km) 2 h.
Madrid-Castellón (460 km) 2h 32’.
Madrid-Murcia (440 km) 2h 30’.
Madrid-Sevilla (471 km) 2h 20’.
Madrid-Málaga (510 km) 2h 35’.
Madrid-Barcelona (670 km) 2h 30’.
Sin embargo, en la línea ferroviaria de Asturias, los tiempos que pretende el Ministerio de Fomento son:
Madrid-Gijón (470 km) 3h 21’.
Madrid-Oviedo (446 km) 2h 56’.
Ni que decir tiene otro agravio comparativo ferroviario a la vista del trato inversor que recibe el desarrollo del Corredor Mediterráneo (se triplica el actual nivel de inversiones) frente a otro corredor estratégico como es el Atlántico cuya ejecución es nuevamente relegada. En el proyecto de cuentas públicas para 2021 el eje del Levante recibirá casi 2.000 millones de euros frente a los casi 1.200 millones que hay reservados para el eje atlántico. Este trato desigual del Gobierno con los dos corredores ferroviarios transeuropeos resulta injustificable.
Sobre el Metrotrén de Gijón, el proyecto de ley de PGE 2021 no contiene previsiones de obras en esta legislatura para «amueblar» —poner vías, catenaria, seguridad y alicatados— el túnel del Metrotrén entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, esperando otro nuevo hasta Cabueñes que ni siquiera tiene planos. Se limitan a repetir cantidades aprobadas en leyes presupuestarias anteriores y no ejecutadas, cual táctica dilatoria.
Las inversiones para el soterramiento de Langreo (línea ferroviaria Gijón-Laviana) quedan condicionadas a la ejecución del nuevo Plan de Cercanías que hizo trizas el que las administraciones consensuaron a finales de 2017 y que el Gobierno de Sánchez postergó, primero, y eliminó en la actual Legislatura.
A la Ronda Norte de Oviedo, vital para acabar con el colapso viario de la capital del Principado, se le asigna una cantidad testimonial.
Por su parte, las consignaciones presupuestarias para la A-63 Oviedo-Salas-La Espina (Autovía del suroccidente) no supondrán avances significativos, lo que impedirá concluir en esta XIV Legislatura la autovía hasta La Espina, una comunicación vital para el occidente interior de Asturias.
Igualmente, las cuentas públicas para 2021 se desentienden del cumplimiento del protocolo para dotar de enlaces por carretera a nuestros principales puertos y, específicamente, al de El Musel.
La conexión marítima a través de la Autopista del Mar (Gijón- Nantes) continuará suspendida como resultado de una falta de compromiso para recuperar su funcionamiento.
Tampoco la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) recibe espaldarazo presupuestario para proporcionarle las conexiones por carretera imprescindibles para su puesta en servicio.
Las cuentas públicas para 2021 no incluyen el resarcimiento de la deuda del Estado con Asturias para dar cumplimiento a la Sentencia firme sobre Fondos Mineros.
El Ministerio de Cultura y Deporte consigna en el proyecto de PGE 2021 partidas irrisorias para la protección del prerrománico y románico asturianos.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no refleja en el proyecto de ley de PGE 2021 los apoyos específicos que Asturias necesita para recuperar el empleo destruido por el cierre de las centrales térmicas de generación eléctrica. Tampoco una adecuada dotación y ejecución de ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2.
En absoluto las preasignaciones estimativas para las Comunidades Autónomas en 2021 en los denominados “Fondos de Recuperación” responden a los criterios constitucionales de igualdad y solidaridad.
Por otra parte, una vez más, ante la desatención presupuestaria para 2021, cabe reclamar en los PGE 2021 la deuda histórica pendiente con Asturias, porque resulta imprescindible asegurar que partimos de las mismas limitaciones y nos movemos en idénticos márgenes que el resto de las Comunidades Autónomas.
Finalmente, el proyecto de presupuestos para 2021 vuelve a proporcionar un varapalo al sistema de financiación autonómica que tendrá en Asturias a una de las Comunidades Autónomas más perjudicadas con una merma de 2.855 millones (-2,6%). El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ya tenía que haberse reformado en 2014 y resulta muy perjudicial, por lo que darle continuidad profundiza la decadencia de Asturias. Más aún si se recorta la aportación estatal, como es el caso del próximo ejercicio presupuestario. Asturias lleva así más de una década, sumida y penalizada por los negativos efectos de un sistema manifiestamente insolidario y discriminatorio del que dependen sus servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales), ahora, si cabe, más prioritarios que nunca.
En definitiva, y por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Isidro Martínez Oblanca, diputado de FORO, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso, presenta la presente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y solicita su devolución al Gobierno.