“Para modificar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, se invoca una amplia demanda social, cuando la realidad es que el artículo 21 de la Constitución, que dio cobertura a la elaboración de la ley en 1983 es diáfano”
“Se pretende reformar otra Ley orgánica, la de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que tiene veinte años de vigencia y que fue considerada en su momento la ley más progresista de la Unión Europea en materia de inmigración”
“Hoy no cabe reincidir en la línea que se plantea sobre una materia en la que España ya ha realizado variopintos cambios legislativos y regulatorios, sin afrontar el quid del asunto, que es el control de los flujos migratorios conforme al pacto sobre la inmigración y asilo, firmado e incumplido por los Estados miembros de la Unión Europea”
30 de septiembre de 2020 (Madrid).- El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, votó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica). En su intervención ante el Pleno del Congreso, Oblanca señaló que “la posibilidad de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad ciudadana debería ser una oportunidad para reconsiderar aspectos críticos, pero resulta que el grupo del PNV extiende su radio de reforma a otras leyes”.
“Para modificar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, se invoca una amplia demanda social, cuando la realidad es que el artículo 21 de la Constitución, que dio cobertura a la elaboración de la ley en 1983 es diáfano”, dijo el diputado de FORO y añadió que “se pretende reformar otra Ley orgánica, la de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que tiene veinte años de vigencia y que fue considerada en su momento la ley más progresista de la Unión Europea en materia de inmigración”. “Hoy no cabe reincidir en la línea que se plantea sobre una materia en la que España ya ha realizado variopintos cambios legislativos y regulatorios, sin afrontar el quid del asunto, que es el control de los flujos migratorios conforme al pacto sobre la inmigración y asilo, firmado e incumplido por los Estados miembros de la Unión Europea”, concluyó Oblanca.
Intervención del diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca en la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
“Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
En marzo de 2015 tuve la ocasión de intervenir en el Pleno del Senado para apoyar los vetos presentados al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, una ley muy controvertida, como recordó el señor Legarda, que taché de impopular y feudalista, a la par que pronostiqué su inconstitucionalidad ―aún está por ver―. Hoy, la proposición del Grupo Vasco nos devuelve a aquellos debates intensos en los que se tramitó la ley, sin buscar el refuerzo de la oposición y utilizando el rodillo de la mayoría absoluta. Baste recordar que, contrariamente a la costumbre, el entonces ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, declinó su defensa en la Cámara Alta, pese a tratarse de una ley de carácter orgánico y de una temática de muy especial interés para la sociedad, porque alrededor de ella giran el ejercicio de derechos fundamentales y de libertades públicas.
En coherencia con mi posición contraria, la toma en consideración de esta ley debería ser una oportunidad para reconsiderar aquellos aspectos críticos en relación con la protección de la seguridad ciudadana, pero resulta que el grupo proponente extiende su radio de reforma a otras leyes, caso de la Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, para lo que se invoca una amplia demanda social, cuando la realidad es que el artículo 21 de la Constitución, que dio cobertura a la elaboración de la ley en 1983, con el Gobierno del Partido Socialista, es diáfano, tanto en el reconocimiento de hacerlo pacíficamente y sin armas, como en la restricción de reuniones en el caso de lugares de tránsito público y manifestaciones. También se pretende reformar otra Ley orgánica, la de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que tiene veinte años de vigencia y que fue considerada en su momento la ley más progresista de la Unión Europea en materia de inmigración, mérito del Gobierno del Partido Popular. Hoy no cabe reincidir en la línea que se plantea sobre una materia en la que España ya ha realizado variopintos cambios legislativos y regulatorios, sin afrontar el quid del asunto, que es el control de los flujos migratorios conforme al pacto sobre la inmigración y asilo, firmado e incumplido por los Estados miembros de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta”.