“Las zonas de Europa que han logrado revertir el problema lo han hecho a base de compromisos inversores continuados y no esporádicos ni puntuales, fiscalidad atenuada, conectividad con redes de banda ancha, etc.”
“El Plan Demográfico del Principado está resultando un fracaso al unir una política fiscal confiscatoria con la desertización producto de las políticas desindustrializadora que destruyen sin alternativa laboral”
“España necesita ya un acuerdo que tiene origen en la VI Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017, hace casi cuatro años, y aun con coincidencia absoluta y máxima preocupación, la lentitud en la aplicación de remedios es exasperante”
“Los habitantes de nuestros pueblos están olvidados y marginados, baste citar de ejemplo que hay niños que tienen que levantarse a las seis y cuarto de la mañana para tomar el transporte que los lleva a la escuela”
“¿El Gobierno está a favor de los ganaderos, o está en contra? ¿Quiere ayudar a los pueblos, o quiere asfixiarlos completamente?”
El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, interpeló hoy al Gobierno en relación con las medidas que se están adoptando para detener la continua caída de población en España, evitar el despoblamiento territorial y corregir las desigualdades sociales y económicas de las zonas rurales.
Durante su intervención, el diputado de FORO reclamó medidas urgentes que “permitan frenar la pérdida de población y que se apliquen en aquellas Comunidades Autónomas que presentan las tasas de natalidad más bajas de España, así como la adopción de disposiciones específicas en materia fiscal que frenen la despoblación en los municipios en función de datos objetivos de pérdida de población y niveles de renta, con el fin de equiparar las cargas fiscales al nivel de acceso a los servicios públicos de los que se benefician quienes viven en esos municipios rurales y, asimismo, de estimular la actividad emprendedora para crear empleo en los mismos”.
Oblanca se refirió a Asturias, que “muestra la tasa de natalidad más baja desde 1983, lo que supone que a principios del año 2020 tenía 1.018.706 habitantes, en una persistente bajada de población desde 1994, cuando Asturias contaba con 1.118.000 habitantes”, y continuó criticando que la ausencia de medidas por parte del Gobierno hayan empujado al Principado a elaborar el Plan Demográfico 2017-2027 del que indicó “es un “fracaso sin paliativos al unirse una política fiscal confiscatoria que castiga a los asturianos con los tipos impositivos más altos de España y con el Impuesto de Sucesiones, a la desertización producto de las políticas que están desindustrializando el país y destruyendo su tejido productivo sin alternativas laborales”, de entre las que destacó la industria agroganadera, muy relacionada con el mundo rural, y que “ha convertido a los hombres y mujeres de nuestros pueblos en héroes que recurren a una economía de supervivencia porque están olvidados y marginados; muchos niños han de levantarse a las seis y cuarto de la mañana para tomar el transporte que los lleva a la escuela”.
El diputado asturiano continuó hablando de la “sobrada literatura sobre el problema demográfico”, indicando que “faltan recursos y voluntad política para acometer una solución a su grandísima complejidad que, lamentablemente, va a ser aún mayor como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que ha trastocado nuestra forma de vivir, y que va a obligar a la sociedad a nuevas dinámicas para trabajar, para ir a la escuela, para transportarnos y para todo”, y puso como ejemplo otras zonas de Europa con la misma problemática en las que se ha logrado revertir la situación “a base de compromisos inversores continuados y no esporádicos ni puntuales, fiscalidad atenuada, conectividad con redes de banda ancha, etc.”
Concluyó Oblanca reclamando celeridad, para “un acuerdo que parte de la VI Conferencia de Presidentes celebrada a mediados de enero de 2017, o sea camino de cuatro años y, aunque hay coincidencia absoluta y se manifiesta la máxima preocupación, la lentitud en la aplicación de remedios es exasperante”.
Intervención del diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca en la interpelación de FORO sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
No es la primera vez en esta XIV Legislatura que se plantea ante el Pleno del Congreso una iniciativa sobre el que es uno de los problemas más graves y de mayor complejidad que tenemos en España y que, además, va a condicionar su futuro. Si bien, la población en la Tierra seguirá creciendo de manera constante durante este siglo hasta el punto de que, según la ONU, en el año 2050 habrá 2.400 millones de habitantes más que ahora en nuestro planeta, una de las preocupaciones principales para España no será la superpoblación, sino la falta de población.
Ahora somos poco más de 45 millones de habitantes, pero el acusado descenso de la natalidad y el progresivo envejecimiento gracias a una esperanza de vida en torno a los 83 años prolongarán y agudizarán en el tiempo una caída constante de la población que el instituto Nacional de estadística estima porcentualmente en un 10% inferior a mediados de este siglo XXI lo que supondrá que España tendrá 41,6 millones de habitantes, es decir del orden de 3,5 millones “menos”.
Prueba de que éste es un asunto capital y que se ha trasladado a las agendas políticas es que los últimos gobiernos, tanto el presidido por Mariano Rajoy como los presididos por Pedro Sánchez, integraron en su estructura nuevas figuras político-administrativas para elaborar y desarrollar una estrategia demográfica específica, algo que han imitado varias Comunidades Autónomas afectadas por el problema y también los Entes Locales que son, en definitiva, los que padecen en primer término este problema. El propio Ministerio lleva en su rótulo el Reto Demográfico y creó en su seno el pasado mes de enero una Secretaría General para dar respuesta al progresivo envejecimiento poblacional, al despoblamiento territorial y a los efectos de la población flotante.
También las Cortes Generales han profundizado en este asunto que mereció, asimismo la atención y las propuestas de uno de los bloques de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica creada a raíz de la pandemia pero, a efectos de acometer políticamente el problema demográfico, considero de justicia destacar el intenso, prolongado e interesantísimo trabajo realizado en el Senado por una Comisión Especial de Estudio en la que participaron acreditados expertos y de la que formó parte -permítanme que la recuerde- la entonces senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada, durante muchos años alcaldesa de Peñamellera Alta, un municipio de los Picos de Europa que, como tantos y tantos territorios, sufre una de las patologías sociales derivadas del problema demográfico: el despoblamiento de nuestros pueblos, aldeas y espacios rurales.
Señora vicepresidenta, han pasado casi ocho meses desde que Vd. anunció en esta Cámara la elaboración de una estrategia nacional frente al reto demográfico. En Julio presidió Vd. la primera Conferencia Sectorial y anunció entonces la aprobación de la Estrategia para final de este año 2020.
Teniendo en cuenta que el tiempo es factor clave y decisivo en este asunto, porque cada día que pasa empeora el problema, no alcanzo a comprender por qué su gobierno relegó las directrices generales de su propia Estrategia aprobadas por el Consejo de Ministros a finales de marzo de 2019, es decir hace año y medio. Reitero: el tiempo es oro, y ante nuestra adversidad demográfica cobra mayor valor.
Y en esas estamos, pasando los meses y sin afrontar decididamente las medidas que España necesita para acometer un amplio acuerdo que tiene su origen en la VI Conferencia de Presidentes celebrada a mediados de enero de 2017, o sea camino de cuatro años y, aunque hay coincidencia absoluta y se manifiesta la máxima preocupación, la lentitud en la aplicación de remedios es exasperante.
Tengo aquí un ejemplar de las directrices generales ya elaboradas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo de 2019 para llevar a cabo la Estrategia Nacional y dudo, señora vicepresidenta, que la creatividad de su Gobierno nos sorprenda en una materia donde ya está diagnosticada la situación, diseñados muchos puntos de partida y que también tiene en la Unión Europea países con una problemática similar. Tampoco creo que ni Comunidades Autónomas, ni Ayuntamientos, ni ninguno de los protagonistas llamados a intervenir en este asunto vayan a sorprendernos con nuevas recetas. Pero es que, si lo hiciesen, si alguien apareciese con una fórmula magistral, no excluiría ninguno de los planteamientos que ya se han hecho y en los que inciden muchos portavoces cuando han expuesto aquí la posición política de sus respectivos grupos.
Por eso le pregunto a Vd. ¿a qué está esperando el Gobierno? ¿cuáles, de aquellos objetivos, metas, líneas de actuación, medidas, etc. son inservibles? Y si sirven, ¿por qué no han merecido la atención del gobierno teniendo en cuenta, además, que en los presupuestos generales del Estado de 2018 se incorporaron partidas para afrontar soluciones y llevar a efecto medidas demográficas? Aquellas cuentas públicas -como todos los Diputados saben- continúan hoy vigentes; las partidas siguen estando consignadas, pero los gobiernos de los que Vd. forma parte han desperdiciado tres ejercicios presupuestarios, casi tres años naturales, para utilizar recursos que afronten y palíen el gravísimo problema demográfico que tiene España y que se refleja en un acuciante declive que arrastra hacia otras secuelas añadidas, baste señalar que más de la mitad del territorio de España (53%) se encuentra en riesgo de despoblación.
Como dije antes, quiero poner en valor esta mañana el importante conjunto de propuestas que se consensuaron en el Senado el 22 de febrero de 2019, basadas en las aportaciones de un gran número de expertos, autoridades y representantes de la sociedad civil y que, a mi juicio, debería ser una guía política para el Gobierno, sea del signo que sea, porque esta es una cuestión de Estado y debería seguir siéndolo durante todo el siglo. Las propuestas se agruparon en cuatro grandes bloques para:
1.- Apoyar a las familias y a la natalidad.
2.- Afrontar el envejecimiento.
3.- Medidas para frenar el éxodo rural.
4.- Y un apartado final para la implicación política y la sensibilidad social.
Señora vicepresidenta, en España ya tenemos sobrada literatura sobre el problema demográfico, pero nos faltan recursos y nos falta voluntad política para acometer una solución a su grandísima complejidad que, lamentablemente, va a ser aún mayor como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que ha trastocado nuestra forma de vivir, y que va a obligar a la sociedad a nuevas dinámicas para trabajar, para ir a la escuela, para transportarnos y para todo.
Ya existen territorios más allá de nuestras fronteras que han venido aplicando medidas y han dado un giro a su despoblación. Se suele citar como referencia el caso de las Tierras Altas de Escocia que han logrado revertir su decadencia poblacional y lo han hecho con éxito a base de compromisos inversores continuados y no esporádicos ni puntuales, fiscalidad atenuada, conectividad con redes de banda ancha, etc. Sin embargo, no es una cuestión solamente de índole presupuestaria, que también. En esta materia la política es factor clave y decisivo, pero sin olvidar que España cuenta con un buen elenco científico y académico al que implicar de lleno en las soluciones que ya están planteadas desde hace dos décadas, como mínimo, o en las nuevas propuestas para abordar la deriva demográfica.
Señorías, permítanme que haga una referencia expresa a Asturias, porque su caso es paradigmático ya que presenta la tasa de natalidad más baja de España desde 1983, lo que se refleja en la peor evolución de sus cifras de población en términos relativos. A lo largo de 2016, Asturias perdió 7.648 habitantes, lo que dejó al Principado con casi un millón treinta y cinco mil residentes en 2017. A principios de este año 2020 tenía 1.018.706 habitantes, según los datos del Padrón Continúo difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una persistente y significativa bajada de población desde 1994, cuando Asturias contaba con casi 1.118.000 habitantes.
En ausencia de medidas lideradas por el Gobierno de España, el del Principado diseñó el Plan Demográfico 2017-2027 que está resultando un fracaso sin paliativos al unirse una política fiscal confiscatoria que castiga a los asturianos con los tipos impositivos más altos de España y con el Impuesto de Sucesiones, a la desertización producto de las políticas que están desindustrializando el país y destruyendo su tejido productivo sin alternativas laborales. También la actividad agroganadera, absolutamente relacionada con el desarrollo rural y clase en la conservación de la naturaleza, está siendo objeto de un continuo zarandeo que ha convertido a los hombres y mujeres de nuestros pueblos y pequeños núcleos de población en auténticos héroes que recurren a una economía de supervivencia porque están olvidados y marginados. Baste citar de ejemplo que hay niños que tienen que levantarse a las seis y cuarto de la mañana para tomar el transporte que los lleva a la escuela.
En definitiva, y con ello concluyo señora presidenta, son imprescindibles las iniciativas que permitan frenar con carácter general la pérdida de población y que, de modo urgente, se apliquen en aquellas Comunidades Autónomas que presentan las tasas de natalidad más bajas de España, así como también la adopción de disposiciones específicas en materia fiscal que frenen la despoblación en los municipios en función de datos objetivos de pérdida de población y niveles de renta, con el fin de equiparar las cargas fiscales al nivel de acceso a los servicios públicos de los que se benefician quienes viven en esos municipios rurales y, asimismo, de estimular la actividad emprendedora para crear empleo en los mismos.
De ahí que haya presentado esta interpelación sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales.
Muchas gracias.