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Oblanca: “Ante un panorama industrial muy preocupante, el Gobierno de Sánchez pide paciencia mientras se merma la producción y se recortan las plantillas”

por Jaime Paino
Oblanca en la tribuna del Congreso de los Diputados

“Los datos oficiales del último Índice General de Producción Industrial publicados por el INE son desalentadores con caídas interanuales muy significativas, caso de Asturias con casi -19%”.

“El Gobierno de Sánchez ni está, ni se le espera, ni se inmuta ante lo que acaba de suceder con el cierre de las plantas de Arcelor en Cracovia o las maniobras terminales contra el aluminio en Asturias y Galicia”

“Frente a promesas publicitarias de creación de cientos de miles de empleos a varios años vista, reclamo que el Gobierno haga prioritaria una política que evite la destrucción de los puestos de trabajo”

El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, intervino ante el Pleno del Congreso de los Diputados para defender la Proposición no de Ley de FORO relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Durante su defensa, Oblanca dijo “ante un panorama industrial muy preocupante, el Gobierno de Sánchez pide paciencia mientras se merma la producción, se recortan, y se agudizan los problemas por las restricciones derivadas de la pandemia que, como en todos los sectores de la economía española, han condicionado severamente la capacidad de producción y puesto en riesgo planes de sostenibilidad y el empleo”.

El diputado de FORO se refirió a los datos oficiales del último Índice General de Producción Industrial publicados el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que tachó de “desalentadores, con caídas interanuales muy significativas, caso de Asturias con casi el 19%”, y recordó cómo afecta esta merma en la actividad industrial al transporte marítimo, terrestres y ferroviario, “sectores que se están viendo muy afectados y con expectativas muy malas”.

Oblanca reclamó que se hiciera prioritaria “una política que evite la destrucción de los puestos de empleo, y que no permita que la industria española se quede atrás y desaparezca a la par que se avanza hacia el objetivo de alcanzar un balance neto de cero emisiones de carbono en 2050 conforme a los Acuerdos de París en la Lucha contra el Cambio Climático”, y pidió una respuesta al Gobierno de Sánchez en referencia a “lo que acaba de suceder recientemente en Polonia con el cierre de las plantas de Arcelor en Cracovia o las maniobras terminales de Alcoa en Asturias y Galicia, y todo apunta que va a hacer caso omiso de las alegaciones que Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y patronales, asociaciones de grandes consumidores energéticos y partidos políticos formulamos al proyecto de Estatuto Electrointensivo”.

Para finalizar, el diputado de FORO, criticó que “dos años después de haberse comprometido a la aprobación del Estatuto de las Electrointensivas”, no se haya dispuesto una fórmula “que permita unos costes energéticos que faciliten la competitividad y una producción que no esté altamente penalizada por el alto precio de la electricidad que se paga en España, uno de los países europeos donde el recibo doméstico y el de comercios, pequeñas, medianas y grandes empresas es más elevado”.

Intervención del diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca en la toma en consideración de la Proposición no de Ley de FORO relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo

Muchas gracias, señora presidenta:

Una vez más a lo largo de este primer año de la XIV Legislatura, reclamo la atención del Congreso sobre la muy alarmante y preocupante situación de nuestra industria con el fin de orientar políticamente al Gobierno y tratar de evitar la paulatina sangría laboral y la persistente destrucción de una bolsa de empleo que antaño era estable y cualificada pero que ahora se está perdiendo para desesperación de miles de familias y grave e irreversible perjuicio sobre la economía de grandes comarcas de población.

He presentado una Proposición no de ley con tres puntos que reinciden en la necesidad de que el Gobierno proporcione soluciones a la creciente asfixia del sector electrointensivo que -dos años después de haberse comprometido a su aprobación- continúa sin disponer del Estatuto que permita unos costes energéticos que faciliten la competitividad y una producción que no esté altamente penalizada por el alto precio de la electricidad que se paga en España, uno de los países europeos donde el recibo doméstico y el de comercios, pequeñas, medianas y grandes empresas es más elevado. O sea, mucho más caro.

Superado, de largo, el periodo para que nuestra industria dispusiera del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, es palmario que estamos ante otro incumplimiento clamoroso del Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministras de Transición Ecológica y de Industria, las señoras Ribera y Maroto, más atenta la una por catamaranes, primates y calderones, y por parchear problemas la otra, dejándose arrastrar por las decisiones e indecisiones ajenas en lugar de impulsar soluciones para que la industria española no se quede atrás y desaparezca a la par que se avanza hacia el objetivo de alcanzar un balance neto de cero emisiones de carbono en 2050 conforme a los Acuerdos de París en la Lucha contra el Cambio Climático.

Puesto que no lo hace el Ministerio, es la oposición la que tiene que informar al Congreso que en otros países europeos homólogos a España ya se están aplicando medidas en el ámbito energético que respaldan a su industria -caso de Alemania, Francia y Bélgica- mientras que aquí el Gobierno solo se ha limitado a renunciar a la soberanía energética derivada de las explotaciones de carbón (nuestro único combustible fósil autóctono) y cerrar centrales térmicas de generación eléctrica, sin alternativas laborales para sus trabajadores, sin opciones para la reactivación de las cuencas y los territorios donde estaban asentadas que quedan condenados a la desertización, y, en definitiva, mermando sustancialmente las opciones de futuro que afecta a la inseguridad en el suministro eléctrico y, por añadidura, a los costes de producción industrial que acabarán abocando a cierres, a destrucción de empleo directo y también el de las empresas auxiliares condenadas a la desaparición; de hecho, hoy del orden de un 35% de los trabajadores auxiliares de la siderurgia en Asturias están en casa y las perspectivas no son nada buenas.

Por si esto fuera poco preocupante, a menos producción industrial el transporte marítimo, terrestre y ferroviario se están viendo muy afectados y sus expectativas son muy malas. En este sentido, algunos datos oficiales del último Índice General de Producción Industrial publicados el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística son desalentadores con caídas interanuales muy significativas, caso de Asturias con casi el 19%. Repito y preciso el dato: caída interanual de -18,9%.

Ante este panorama industrial, el Gobierno pide “paciencia” mientras se están produciendo reajustes en las plantillas, y se agudizan los problemas por las restricciones derivadas de la pandemia que, como en todos los sectores de la economía española, han condicionado severamente la capacidad de producción y puesto en riesgo planes de sostenibilidad y el empleo.

En apoyo de la industria el Gobierno de Sánchez ni está, ni se le espera, ni se inmuta ante lo que acaba de suceder recientemente en Polonia con el cierre de las plantas de Arcelor en Cracovia o las maniobras terminales de Alcoa en Asturias y Galicia, y todo apunta que va a hacer caso omiso de las alegaciones que Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y patronales, asociaciones de grandes consumidores energéticos y partidos políticos formulamos al proyecto de Estatuto Electrointensivo en defensa de la industria que está afectada por la alta factura eléctrica y, como señalé antes, la coalición PSOE-Unidas Podemos tampoco se aplica en imitar lo que hacen otros países que ya se han pertrechado de normativas y regulaciones para favorecer la competitividad de su industria mediante el abaratamiento de los costes energéticos, entre otras medidas.

Señorías, como las decisiones e indecisiones de este “Gobierno de forofos de la Ley de Murphy” son muy perjudiciales para nuestra Industria, he presentado una autoenmienda que amplía con otro punto el contenido original de mi iniciativa, ya que la pasada semana se conocieron las ayudas asignadas por el Ministerio de Industria para compensar los llamados costes indirectos de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Lo raquítico de las ayudas -por decirlo resumidamente- supone un varapalo mayúsculo para la gran industria intensiva en consumo energético y otro incumplimiento del Gobierno que se suma al serial negro con el que se viene zarandeando a un sector abocado a menguas de producción y recortes de plantillas como secuelas de su pérdida de competitividad. De ahí que frente a promesas publicitarias de creación de cientos de miles de empleos, reclamo que el Gobierno haga prioritaria una política que evite la destrucción de los puestos de trabajo.

El nuevo capítulo económico-administrativo en contra de la industria desvela que las ayudas del Gobierno apenas han superado la cuarta parte del límite máximo de recursos fijado por la Unión Europea que es del orden de 241 millones de euros, según los cálculos del propio Ministerio que se escuda en que, actualmente, su presupuesto disponible supone 61 M€, es decir un 25,3% de la ayuda máxima que se podría otorgar de acuerdo con las Directrices comunitarias. Y por establecer una comparación significativa y reveladora: para 2020 las ayudas son de solo una tercera parte de lo pagado en 2019 para resarcir a la industria electrointensiva de una porción del sobrecoste derivado del impacto de los derechos de emisión de dióxido de carbono en los precios de la electricidad o del gas.

En definitiva, estamos ante otro motivo añadido de incertidumbre por el futuro de nuestra industria siderometalúrgica y por los puestos de trabajo que genera, de ahí que solicite del Pleno del Congreso el voto favorable para las medidas contenidas en esta Proposición no de Ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

Texto íntegro de la iniciativa parlamentaria (Proposición no de Ley) formulada por el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para su debate en el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo celebrada en el Congreso el pasado 9 de septiembre de 2020, el secretario general de Industria y Pequeña Empresa, señor Blanco Díaz, hizo referencia al estatuto de los consumidores electrointensivos, que -según sus palabras- “esperamos aprobar en octubre”.

Posteriormente y tras un encuentro digital en el que participó el mismo secretario general, se avanzó la intención del Gobierno de rechazar la compensación a la gran industria en el referido estatuto electrointensivo, lo que ha disparado la preocupación por la alta probabilidad de que se acabe por no reconocer a la industria básica de la que dependen miles de empleos y que es crucial para la economía de algunas Comunidades Autónomas, caso de Asturias, Galicia y Cantabria.

Como refleja reiteradamente el barómetro energético de España, cabe recordar que la industria básica es la que más electricidad consume y de ahí que le afecte el alto precio de la energía que tiene que costear lo que, desde hace tiempo, afecta a su competitividad y amenaza a la supervivencia del sector y a los puestos de trabajo.

Fuente: Barómetro energético en España AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). Actualizado a 21 de septiembre de 2020.

Si bien hace dos años el Gobierno se comprometió a la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, desde el propio Ejecutivo se ha venido pidiendo “paciencia” a las empresas afectadas a la par que les reclamaba un esfuerzo para aumentar su inversión y crear empleo. La realidad es que se está produciendo el efecto contrario y se están produciendo reajustes en las plantillas, problemas agudizados por las restricciones derivadas de la pandemia que, como en todos los sectores de la economía española, han mermado gravemente la capacidad de producción y puesto en riesgo planes de sostenibilidad y el empleo. La incertidumbre es máxima para miles de familias y grandes comarcas de población.

Pero no solo la industria básica tiene graves problemas de competitividad. También los tiene la gran industria que observa como otros países europeos competidores reciben de sus gobiernos importantes medidas de apoyo, caso muy reciente de Alemania que aplicará -desde 2020- una desgravación parcial sobre el impuesto que sus grandes empresas pagan por sus emisiones de CO2. Tal medida supondrá el consiguiente recorte en su factura eléctrica ya que la tasa sobre el CO2 está incorporada en el recibo eléctrico con lo que los productos elaborados por la industria alemana tendrán costes aún más baratos y, por tanto, mucho más competitivos que los fabricados en España.

Por todo ello, Isidro Martínez Oblanca, diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso presenta para su debate y votación en el Pleno del Congreso de los diputados la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.- Aprobar urgentemente el Estatuto del Consumidor Electrointensivo e incorporar entre sus medidas aquellas que permitan compensar a la industria básica los costes de producción derivados del alto precio de la energía con el fin de garantizar la supervivencia del sector y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

2.- En defensa del empleo y de la economía de grandes áreas de población, atender las alegaciones formuladas por Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y patronales, asociaciones de grandes consumidores energéticos y partidos políticos en defensa de  la industria que está afectada por la alta factura eléctrica y que lleva años reclamando un precio competitivo, estable y predecible, homologándolo al de sus competidores internacionales.

3.- Aplicar medidas similares a los que otros países europeos homólogos a España ya están incorporando en sus normativas y regulaciones para favorecer la competitividad de su industria mediante el abaratamiento de los costes energéticos.”

Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020

Isidro Martínez Oblanca

Diputado por Asturias (FORO)

Grupo Parlamentario Mixto

Enmienda de adición de Isidro Martínez Oblanca (FORO) a su propia iniciativa

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, y Tristana Moraleja Gómez, diputada de Partido Popular, integrada en el Grupo Parlamentario Popular, al amparo del reglamento de la Cámara presenta la siguiente ENMIENDA a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (FORO), relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo (Núm. expte 162/000394)

ENMIENDA DE ADICIÓN

Consistente en la adición de dos nuevos puntos.

“4.- Incorporar y alcanzar en el actual ejercicio presupuestario 2020 el límite de 241 millones de € autorizado por la Unión Europea para ayudas a la industria electrointensiva con objeto de que su competitividad, su producción y sus puestos de trabajo no se vean mermados como consecuencia del impacto del coste de las emisiones de CO2 en su factura energética.

5. Impulsar desde el Gobierno los acuerdos de compraventa de energía limpia a largo plazo desde un activo concreto y a un precio prefijado (PPAs), así como acuerdos bilaterales entre productores renovables y grandes consumidores”.

Justificación de la enmienda.-

Dar cumplimiento a los compromisos realizados por el Gobierno y, en consecuencia, autorizar un mayor volumen para el Programa de compensación de costes indirectos de CO2 a las empresas de la industria electrointensiva conforme a las solicitudes realizadas y a la ayuda máxima que se podría otorgar de acuerdo con las Directrices comunitarias que asciende a 241.063.942,34 €. Esta cantidad es la resultante de aplicar el porcentaje de intensidad de la ayuda del 75% a los costes subvencionables según el apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 1055/2014, modificado por el Real Decreto 655/2017, de 23 de junio.

Fomentar los acuerdos de compraventa de energía limpia a largo plazo desde un activo concreto y a un precio prefijado entre un desarrollador renovable y un consumidor electrointensivo.

Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2020

Isidro Martínez Oblanca

Diputado por Asturias (FORO)

Grupo Parlamentario Mixto

Tristana Moraleja

Diputada de Partido Popular

Grupo Parlamentario Popular

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