FORO Asturias recurre la Ordenanza de Movilidad ante el Tribunal Superior de Justicia y confía en su anulación “antes de que finalice el año”

FORO Asturias cuenta con el asesoramiento de DVuelta, que logró la anulación de Madrid Central

por Comunicación Foro

El Grupo Municipal de FORO Asturias en el Ayuntamiento de Gijón ha presentado una demanda contra la Ordenanza de Movilidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Así lo han anunciado hoy, en una rueda informativa, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, y los concejales Pelayo Barcia Castañón y Montserrat López Moro, acompañados por Pedro Javaloyes, director de comunicación de Dvuelta, el despacho de abogados que ha colaborado en la presentación de dicho recurso.

“Desde FORO Asturias agotamos todas las vías y todos los plazos con la esperanza de que el Gobierno de Ana González rectificase, pero no fue posible. La demanda está en curso y esperamos que se resuelva este mismo año. Y en un tema tan importante para la ciudad decidimos contar con quienes tienen más experiencia”, ha afirmado Martínez Salvador en referencia a DVuelta, asesoría experta en tráfico y transportes que recurrió con éxito Madrid Central en 2018 y que lleva más de 25 años defendiendo los derechos de los conductores.

Según han explicado los ediles foristas, “aunque la Ordenanza de Movilidad se publicó el pasado 31 de mayo de 2021, no fue hasta abril de 2022 cuando el Ayuntamiento de Gijón remitió el expediente administrativo completo para poder formalizar la demanda, que ha sido presentada el día 16 de mayo”.

La demanda de FORO Asturias -han destacado los concejales- se centra en la insuficiencia de informes económicos; en que no se evalúa el impacto o efecto que estas medidas puedan tener sobre la competencia y el mercado en el ámbito del transporte y en que el Ayuntamiento decidió posponer las valoraciones económicas sobre ingresos y gastos públicos, una vez aprobada la norma, haciendo lo contrario que la Ley exige, que es valorar estas repercusiones a priori, en la fase de elaboración y aprobación.

También han dicho “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ello, que es de obligado cumplimiento por el artículo 7.3 de la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, está muy lejos de cumplirse en la Ordenanza de Movilidad de Gijón, ya que hasta la propia Intervención General reconoce que ‘la valoración sobre las implicaciones sobre los ingresos y gastos públicos se irían haciendo a medida que se desarrollen y ejecuten las actuaciones previstas en la Ordenanza’. Es decir, mientras la Ley obliga a que las valoraciones económicas se hagan a priori, el Ayuntamiento reconoce que las hará a posteriori de su aprobación”.

La demanda también recuerda que “Las consideraciones económicas contenidas en el expediente son absolutamente superfluas, con alusiones de carácter completamente genérico sobre aspectos relacionados con el transporte de personas. De hecho, estas consideraciones, en realidad, podrían valer para cualquier informe económico de cualquier municipio”.

Demanda OM FORO Asturias

El concejal Pelayo Barcia ha manifestado que “el Ayuntamiento de Gijón realizó primero unos informes genéricos que podrían valer para cualquier municipio. Posteriormente, cuando fue alertado por la Intervención General de la falta de una memoria económica, introdujo una pequeña tabla para cubrir el expediente en el que valoraba en 322.275 euros el impacto de la Ordenanza de Movilidad para sus arcas, lo que es claramente insuficiente. Pero lo sorprendente es que esta nueva ‘tabla’ no fue sometida a la fiscalización de la Intervención General e, incluso, no fue tenida en cuenta por el propio Ayuntamiento durante el resto de la tramitación, por lo que se saltan todos los requerimientos exigidos”.

“Siguiendo el consejo de DVuelta, la demanda se ha centrado en este hecho, el más flagrante y con una mayor jurisprudencia en contra: los incumplimientos de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que son los que lograría, en caso de ser estimados, la anulación total de la normativa.”.

“Esto es lo mismo que ha sucedido en Madrid y en Barcelona, donde estas ordenanzas han sufrido importantes reveses judiciales por falta de justificación económica y social”, ha concluido Martínez Salvador.

 

 

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