Portada Actualidad nacional Oblanca: “El aumento de niños y niñas objeto de protección pone de manifiesto un fracaso de nuestras herramientas legislativas”

Oblanca: “El aumento de niños y niñas objeto de protección pone de manifiesto un fracaso de nuestras herramientas legislativas”

por Jaime Paino

“Que el coordinador de bienestar y protección dependa del Gobierno supondría el control de los alumnos por el Estado, y mermaría la implicación familiar en la educación de los hijos”

“Tratándose de menores, y con la exasperante lentitud de la Administración, tal vez pudieran establecerse evaluaciones de la estrategia de erradicación de la violencia más perentorias en lugar de hacerse anualmente”

“Resulta estimulante que los ciclos formativos superiores y las especializaciones de diferentes profesiones puedan encaminarse hacia futuras tareas relacionadas con el combate contra la violencia sobre menores de edad”

La Comisión notificó las comparecencias a los partidos a menos de 24 horas de celebrarse las intervenciones, lo que causó malestar entre varios grupos parlamentarios.

El diputado de FORO en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, participó en la última reunión celebrada por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia e intervino en varias de las comparecencias que tuvieron lugar en la misma.

Al comienzo de la sesión, Oblanca se manifestó en contra de las formas en las que fue convocada la Comisión y se comunicaron los comparecientes a los diferentes grupos parlamentarios, tanto por la falta de antelación, queja secundada por otros grupos políticos, como por no tener en cuenta la solicitud de comparecencia que el diputado de FORO registró en Febrero, pidiendo la participación del juez Emilio Calatayud, “una personalidad que tiene mucho que decir en relación con la protección de los derechos de los menores”, en pro de disponer de “los mejores especialistas en la materia”.

Durante la Comisión participó la señora Almudena Escorial Senante, que intervino en nombre de la Plataforma de Infancia y de otras 68 entidades, a la que el diputado de FORO preguntó “de quién debía depender la futura figura del ‘coordinador de bienestar y protección’; ¿del Gobierno, de la comunidad autónoma, de los centros educativos, de las asociaciones de padres y madres de alumnos?”, ya que según Oblanca “si depende de un Gobierno, se estaría avanzando hacia el control de los alumnos por parte del Estado, por parte de la Administración, con merma de responsabilidades de los padres en una materia fundamental como es la implicación familiar en la educación de los hijos”.

El parlamentario asturiano se refirió al “fracaso de nuestras vigentes herramientas legislativas”, al tener conocimiento a través del informe de la Plataforma de la Infancia del creciente número de menores institucionalizados.

Tras la intervención de Catalina Perazo, de Save The Children, Oblanca volvió a cuestionar la dependencia del “coordinador de bienestar y protección”, y se interesó por la “estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia”, manifestándose preocupado por “la exasperante lentitud de la Administración” y por la conveniencia de los plazos con los que se evaluará la estrategia de erradicación de la violencia, planteando unos controles “más perentorios en lugar de hacerse anualmente, teniendo en cuenta que hablamos de menores”.

Finalizó la ronda de comparecencias la señora Clara Martínez García, especialista en prevención e intervención en casos de abusos a menores y personas vulnerables, con quien Oblanca debatió sobre los costes derivados de estos episodios de violencia, valorados “en algo menos de 4000 casos denunciados solo de tipo sexual y que suponen costes cercanos a los 1000 millones de euros”, y destacó la relevancia del capítulo 5 del proyecto de Ley, que “promueve la implicación de la educación superior en la erradicación de la violencia sobre niños y adolescentes”, sobre los que el diputado de FORO manifestó lo estimulante que es “que los ciclos formativos superiores y las especializaciones de diferentes profesiones puedan encaminarse hacia futuras tareas relacionadas con el combate contra la violencia sobre menores de edad”.

Intervenciones del diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, en diferentes comparecencias celebradas en el ámbito de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia celebrada el 30 de septiembre.

RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, OÍDOS LOS PORTAVOCES, SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES  DE  COMPARECENCIA,  A  EFECTOS  DEL  ARTÍCULO  44  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONGRESO.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente, para reiterar las quejas que formulé en la reunión de la Mesa de Portavoces que tuvimos ayer, en el sentido de que fue ayer precisamente cuando yo tuve conocimiento, y creo que otros compañeros, que otros grupos parlamentarios también, tuve conocimiento de la celebración de estas cuatro comparecencias a celebrar a partir de ahora. Creo que no son formas de tratar a los grupos parlamentarios, y no quiero con ello menospreciar, ni muchísimo menos, a ninguno de los comparecientes, todos me parecen interesantes, pero quiero reiterar, como hice ayer, señora presidenta, que desde el mes de febrero registré una petición de comparecencia del juez Emilio Calatayud, personalidad que tiene mucho que decir en relación con la protección de los derechos de los menores, y quisiera, pese a que soy un grupo minoritario, quisiera que fuese tenida en cuenta esta petición en lugar de ser soslayada permanentemente a lo largo del año, porque creo que es importante para el Congreso disponer de los mejores especialistas en esta materia. Muchas gracias.

EN LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA ESCORIAL SENANTE (RESPONSABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA DE PLATAFORMA DE INFANCIA), PARA DAR CUENTA A LA COMISIÓN SOBRE PROPUESTA DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 219/000252).

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Saludo muy cordialmente a la señora Escorial Senante, que representa a la Plataforma de Infancia, y me sumo a la bienvenida a esta Comisión, en la que ustedes ya comparecieron en la decimosegunda legislatura y, nuevamente, hace tres meses, por lo tanto, son ustedes especialistas de referencia para este órgano de las Cortes Generales, lo que le agradezco porque pueden ustedes ofrecer una visión comparativa de la evolución desde aquel 16 de octubre de hace cuatro años y la situación actual, no en vano su plataforma representa a más de medio centenar de organizaciones relacionadas con la sociedad civil que se ocupan de estos asuntos de la infancia y a las cuales, desde luego, animamos en su inmensa tarea. Dos cuestiones que le quiero plantear. La primera es que uno de los aspectos críticos de esta ley es, a juicio de algunos de los expertos que yo he tenido oportunidad de atender, la aparición de una serie de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier forma de violencia, y con objeto de aplicar estos protocolos se pretende crear en todos los centros educativos la figura de un coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Le pregunto si tienen ustedes criterio en relación con esta figura. ¿De quién creen ustedes que tiene que depender este coordinador? ¿Del Gobierno, de la comunidad autónoma, de los centros educativos, de las asociaciones de padres y madres de alumnos? ¿De quién? Se ha dicho que si esta figura de coordinación en cada colegio va a depender de un gobierno, pues se estaría avanzando hacia el control de los alumnos por parte del Estado, por parte de la Administración, con merma de responsabilidades de los padres en una materia fundamental como es la implicación familiar en la educación de los hijos. La segunda cuestión que le quiero plantear. He leído o he mirado con cierta atención el documento que la plataforma nos ha hecho entrega, con sus preocupaciones y prioridades, y una de esas preocupaciones hace referencia al refuerzo para que las familias puedan cumplir el desempeño del cuidado de los hijos con el fin de evitar la intervención de las administraciones en caso de riesgo y desamparo para el menor, y usted hizo referencia en su intervención a esta cuestión y lo calificó de niños privados de cuidado parental. Si fuera posible, señora Escorial, le agradecería que nos ampliara ese dato objetivo pero que está certificado. En España va aumentando paulatinamente el número de niños y niñas que tienen que ser objeto de protección. Leo en el informe de la plataforma que también está aumentando el número de menores institucionalizados, lo que pone de manifiesto un fracaso de nuestras vigentes herramientas legislativas. Y concluyo, señora presidenta, señalando que peor aún es la deriva que usted nos ha explicado, incluidas las llamadas de atención del Defensor del Pueblo y de las propias organizaciones que se aplican a operar en cuestiones relacionadas con la infancia. En todo caso, tomo nota de las carencias que usted ha señalado para tratar de corregirlas y le agradezco nuevamente su comparecencia en esta Comisión. Muchas gracias.

EN LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PERAZZO ARAGONESES (DIRECTORA DE SENSIBILIZACIÓN Y POLÍTICAS DE INFANCIA DE SAVE THE CHILDREN), PARA DAR CUENTA A LA COMISIÓN SOBRE PROPUESTA DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente: 219/000253)

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta, y, por supuesto, muchas gracias también a la señora Perazzo Aragoneses por su intervención y gracias a la organización que representa, a Save the Children, porque es una de las que más colaboran con los diputados a la hora de hacernos llegar documentación, material y reflexiones sobre la situación de la infancia y de la adolescencia. Yo, si me permite, quisiera plantearle a usted una cuestión que ya formulé a una anterior compareciente sobre lo que ha sido calificado como uno de los puntos críticos del Proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es la relativa a los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, acoso sexual, ciberacoso, suicidio, autolesión y, en definitiva, cualquier forma de violencia contra los niños y las niñas. Es conocido por todos que el proyecto de ley incorpora una figura que intervendrá en la aplicación de estos protocolos que será el llamado «coordinador de bienestar y protección». Este punto crítico de la ley, al menos para algunos expertos, no parece que sea sobre la aparición de este coordinador, que está bien, sino más bien sobre su dependencia, porque relegar a los padres de una tarea fundamental como es la implicación de cada familia en la educación de los hijos pues hay quien lo interpreta como una cesión de responsabilidades hacia la administración, no se sabe si del Estado, si de la comunidad autónoma, del centro educativo, de profesionales habilitados o de quién, y le pediría en este sentido un comentario al respecto. Y, en segundo lugar, también le pediría otro comentario en relación con la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que este proyecto de ley plantea. Usted sabe que se plantea esta estrategia y que además va a tener una amplia participación, no solamente de organismos ministeriales o de comunidades autónomas, sino que también habrá una amplia participación de representantes del tercer sector como Save the Children. Se contemplan para esta estrategia evaluaciones anuales, y yo le pregunto si a usted le parece este un plazo adecuado, teniendo en cuenta que hablamos de menores y de necesidades que tal vez requieran de plazos más cortos para detectar en su caso una detección de los problemas y la elaboración de las correspondientes políticas públicas. Todos conocemos cómo funciona la Administración, con exasperante lentitud, y tal vez pudieran establecerse evaluaciones de esta estrategia de erradicación de la violencia más perentorias en lugar de hacerlas anualmente, por lo menos hacer algún tipo de evaluación previa. Por mi parte, nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

EN LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MARTÍNEZ GARCÍA (PROFESORA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO PÚBLICO, ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABUSOS A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES: ABORDAJES EN ENTORNOS ECLESIALES), PARA VALORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 219/000270).

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias. No sabe, señora presidenta, lo que me agradó escuchar, por certero, al portavoz del Grupo Socialista discrepando del bautizo como Ley Rhodes a lo que efectivamente es un proyecto colectivo en una materia de la que participan muchas personas y entidades de nuestro país, que están implicadas desde hace muchísimos años en una cuestión fundamental para los españoles y para todo el mundo como es la protección de nuestros niños y adolescentes. Y precisamente una de esas personas es la profesora Martínez García, a la que saludo muy cordialmente y le doy las gracias por su comparecencia y por el enorme bagaje profesional que usted ha desarrollado en defensa de los problemas derivados de la violencia contra nuestros niños y jóvenes. Como ha recordado en su intervención, usted ha sido partícipe de modificaciones, actualizaciones y propuestas de reformas legislativas. He leído que una de las grandes dificultades con la que nos encontramos en España es que existen obstáculos insalvables para aproximarnos a los datos reales de violencia contra nuestros niños y adolescentes, usted lo ha remarcado en su intervención. Hace un año que usted y otros investigadores, integrados en la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, publicaron un dato tan demoledor como desolador cual es que la quinta parte de nuestros menores son víctimas de abuso o maltrato, es decir, uno de cada cinco. Usted lo resumía en su intervención cuando afirmaba que hay mucha violencia camuflada, me parece que dijo algo así como «por debajo». Y esta tarde, efectivamente también se ha referido a los costes económicos, importantísimos, enormes, que se derivan de los episodios de violencia, concretamente, valoraron los autores de esta investigación que algo menos de 4000 casos denunciados de violencia solo de tipo sexual han supuesto costes cercanos a 1000 millones de euros. Este dato y la condición investigadora de la profesora Martínez García me permite enlazar con el capítulo de la ley que hace referencia a la educación superior. El capítulo 5 es muy breve, pero a mí me parece que es muy relevante porque promueve la implicación de la educación superior en la erradicación de la violencia sobre niños y adolescentes. Le pediría a usted un comentario en este sentido, porque a mí me resulta estimulante que los ciclos formativos superiores y las especializaciones de diferentes profesiones puedan encaminarse hacia futuras tareas relacionadas con el combate contra la violencia sobre menores de edad. Es este uno de esos retos pendientes que tenemos que abordar. Y finalmente, con brevedad, señora presidenta, quiero apelar también a los conocimientos de la compareciente, sus amplios conocimientos, para preguntarle por la situación en España en relación con otros países de la Unión Europea y homólogos nuestros en todo el mundo y cómo son sus legislaciones, qué podemos copiar de ellas. En cualquier caso, muchas gracias, doña Clara, porque su comparecencia considero que ha sido muy enriquecedora para esta Comisión. Muchas gracias.

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