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El ‘Tarifazo’ de la EMA

por netastur

Por Pelayo Barcia, en El Comercio

Que, en el año 2020, tras una década donde la corrupción vinculada a la obra pública ha sido escandalosa, siga habiendo gobernantes capaces de aprobar una inversión de 1,3 millones de euros sin que sea autorizada por ningún órgano colegiado, sigue demostrando que a algunos les cuesta cambiar.

Nos referimos al concejal de Obras Públicas, Olmo Ron, y a la reciente licitación de la ‘naturalización’ de la avenida de El Molinón, cuyo concurso de la obra ha sido convocado sin presupuesto y sin que el Pleno del Ayuntamiento, ni su Junta de Gobierno o ni siquiera el Consejo de Administración de la EMA lo supiese.

El problema se gestó el 3 de diciembre de 2019, cuando anunció la peatonalización de una de las principales salidas de la ciudad sin percatarse de que el presupuesto para 2020 se votaba al día siguiente y no contenía nada al respecto. El Sr. Ron y el Sr. Martín se tiraron a la piscina, prometiendo algo que no podían cumplir. Nueve meses después entendemos la razón del retraso y por qué la licitación sale a concurso público un viernes 21 de agosto por la tarde. La reposición del vial costaba 103.000€ y se iba a pagar dentro del proyecto del pozo de tormentas, pero su cabezonería les ha llevado a separar ambas cosas y a multiplicar por más de 10 su coste.

El Sr. Ron comete estas irregularidades desde una entidad que tiene como objeto social la gestión del agua y el alcantarillado, y no la de hacer parques y jardines, que es el objeto del contrato.

Lo más grave es el fraude que se está llevando a cabo con las tarifas del agua. A finales de 2019, el Gobierno socialista, sin una memoria económica rigurosa, aplicó una subida lineal de un 5% a todas las tarifas del agua. Ahora se demuestra que esa subida no buscaba mejorar los servicios del agua sino simplemente generar una ‘caja alternativa’ para que la EMA pudiese financiar actividades del Ayuntamiento en caso de falta de liquidez, como es el caso. Ello produce que, al final, la obra no será financiada a través de los impuestos municipales, acordes a la capacidad económica de cada contribuyente, sino a través de las tarifas del agua, por lo que paga más el que más agua consume y no el que más tiene.

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