Exige a la nueva Consejera de Derechos Sociales y Bienestar aclarar por qué La Florida pasó en pocas semanas de ser el lugar “idóneo” para el centro de menores a quedar descartado y advierte de que “espero que no estén buscando un chivo expiatorio para dar marcha atrás a una decisión apresurada”
2026.09.09 (Oviedo).- El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, criticó hoy en el Pleno la “doble vara de medir” del Gobierno de Adrián Barbón ante los conflictos de intereses y reclamó a la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, que aclarase qué razones técnicas y jurídicas llevaron al Principado a descartar un centro de menores en La Florida, en Oviedo.
Pumares cuestionó que el Gobierno haya trasladado a la Fiscalía un posible conflicto de intereses relacionado con un funcionario del Servicio de Infancia mientras, a su juicio, mantuvo una actitud muy diferente cuando las dudas afectaron a integrantes del propio Ejecutivo. “Me llama la atención viniendo de un Gobierno que ha ignorado conflictos de intereses muchísimo más graves. Puedo recordarle los de la señora Roqueñí y la señora Belarmina Díaz, que no recibieron ni un solo comentario por parte del Gobierno”, reprochó. El portavoz parlamentario de FORO Asturias recordó especialmente el caso de Nieves Roqueñí y sus vínculos familiares con MINERSA y cuestionó el cambio de criterio del Ejecutivo cuando el posible conflicto afecta ahora a un funcionario. “Llama la atención ese cambio de postura en relación con los conflictos de intereses”, afirmó.
Pumares mostró además sus dudas sobre cuándo conoció realmente el Gobierno el posible conflicto relacionado con La Florida. Según señaló durante su intervención, la Dirección General de Infancia ya conocía en junio la relación de parentesco entre el funcionario y una persona relacionada con la propiedad del inmueble. “Si ya se conocía en junio, ¿por qué en julio y agosto seguía siendo idóneo ese piso de La Florida?”, preguntó. En este sentido, el secretario general de FORO Asturias reclamó a Monroy que explique cómo pudo pasar el inmueble, en apenas unas semanas, de ser considerado adecuado por el propio Ejecutivo a ser descartado por razones técnicas y jurídicas.
Pumares recordó que, tras el relevo de Marta del Arco, la entonces responsable de la Consejería, María José Saavedra, defendió La Florida como la ubicación adecuada para poner en marcha el centro y trasladar allí a los menores desde Avilés. Sin embargo, tras asumir Nerea Monroy la Consejería, el Gobierno descartó esa alternativa alegando problemas técnicos y jurídicos. “Tras escucharla sigo sin entender qué razones han llevado a rechazar el traslado a La Florida. Las explicaciones y justificaciones que ha dado el Gobierno no me terminan de convencer”, afirmó Pumares, quien insistió en la necesidad de diferenciar entre las posibles responsabilidades jurídicas, que corresponde determinar a la Fiscalía y, en su caso, a los tribunales, y las responsabilidades políticas que debe explicar el Gobierno de Barbón.
El portavoz parlamentario forista puso además el foco en la forma en la que se ha conocido públicamente la posible implicación del funcionario. “Me llama la atención que cuando se manda la información a Fiscalía salga todo tan detallado en los medios de comunicación y que no haya ningún reparo en poner a un funcionario bajo el foco”, señaló. Para Pumares, el Gobierno debe explicar con claridad cuándo tuvo conocimiento del supuesto conflicto de intereses, por qué no impidió que La Florida continuase considerándose una ubicación idónea durante julio y agosto si ya era conocido anteriormente y qué razones concretas provocaron finalmente el cambio de criterio. “Quiero saber por qué, en un plazo de muy pocos días, La Florida pasó de ser el sitio idóneo para poner en marcha este centro de menores a ser descartado porque existían problemas técnicos y jurídicos”, reclamó.
Finalmente, Pumares advirtió de que las explicaciones ofrecidas hasta ahora no despejan la posibilidad de que se pretenda cargar sobre un funcionario la responsabilidad de una decisión política que el Principado terminó rectificando. “No quiero pensar, y espero que no sea así, que para dar marcha atrás a una decisión que parece que fue apresurada y que no convenía a nadie el Gobierno de Asturias esté buscando un chivo expiatorio”, concluyó.
